Aprobada en 2016, la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR) permite a la policía y a los funcionarios de justicia acceder a los datos de los pasajeros de vuelos con origen o destino en la UE para prevenir delitos graves.
Ha suscitado las críticas de grupos de defensa de los derechos, entre ellos la LDH belga, que en 2017 pidió a un tribunal nacional que la anulara por infringir las normas sobre privacidad y protección de datos.
El tribunal pidió consejo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), y el abogado general de ese tribunal, Giovanni Pitruzzella, dijo el jueves que el PNR cumplía la ley de protección de datos del bloque.
Afirmó que existían suficientes salvaguardias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, pero añadió que sólo debía permitirse a las autoridades conservar esa información si podía establecerse un vínculo con la lucha contra el terrorismo u otros delitos graves, y entonces sólo durante cinco años.
El TJUE, que sigue cuatro de cinco dictámenes no vinculantes de este tipo, emitirá su fallo en algún momento de los próximos meses.
