El consejero delegado, Matt Simpson, dijo que la mina no estaba en tierras indígenas oficialmente reconocidas y que la tribu local Mura había sido consultada y estaba a favor de la mina de potasa.
"Procederemos a la construcción de la mina en algún momento a finales de este año", dijo Simpson. El proyecto de 13.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) tardará cuatro años en construirse y creará 10.000 empleos directos e indirectos, dijo.
La fiscalía federal de Amazonas dijo el martes que la licencia expedida por la agencia estatal de protección medioambiental IPAAM era "irregular" porque el permiso debería proceder de la agencia federal IBAMA y sólo una vez que se hubiera consultado debidamente al pueblo Mura.
"La licencia viola los derechos constitucionales, las normas internacionales y también los derechos de los pueblos indígenas", afirmó en un comunicado.
El proyecto, que podría reducir la dependencia del 90% de la agricultura brasileña de la potasa importada, lleva años paralizado debido a la oposición del pueblo indígena Mura, que afirma no haber sido consultado sobre el uso de sus tierras ancestrales.
En septiembre, una juez federal de Manaos reiteró su decisión de 2016 de suspender el proyecto hasta que se consultara a los mura. También dictaminó que la licencia debe ser federal.
Pero un tribunal de apelación superior anuló más tarde una orden judicial que suspendía la licencia estatal de Potash Corp y dictaminó que el IPAAM podía emitir el permiso porque no existe ningún territorio indígena oficialmente reconocido en la zona prevista para la mina.
El gobernador Wilson Lima, que respalda la mina por la inversión y el desarrollo que aportará a su estado, anunció el lunes la concesión de la licencia de instalación para la mina que se construirá en Autazes, a 75 millas (120 km) al sureste de Manaos, la capital del estado.
Los líderes mura dicen que la mina se superpone a sus tierras ancestrales y buscan su reconocimiento como tierra de reserva protegida. Pero el proceso de demarcación, que podría llevar años, está pendiente de la agencia de asuntos indígenas Funai, y han surgido divisiones dentro de la comunidad Mura.
Cinco comunidades Mura y la Asociación Indígena de Amazonas enviaron a los fiscales cartas vistas por Reuters rechazando el anuncio del gobernador.
Gabriel Mura, líder de la comunidad de Lago do Soares, que será la más afectada por la mina, dijo a Reuters que no se había realizado ninguna consulta real y que se había engañado a los mura para que firmaran papeles que decían que se les había consultado.
"Mienten cuando dicen que el pueblo quiere el proyecto, pero esto es algo que sólo hacen algunos dirigentes, porque el pueblo quiere que se reconozcan sus tierras", afirmó.
El director general Simpson dijo a Reuters que su empresa cree que un fiscal federal de Manaos estaba "abusando de su poder" y confabulando con el juez de primera instancia para obstaculizar un proyecto minero de importancia estratégica para Brasil, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos.
La mina extraerá y suministrará potasa a los estados agrícolas brasileños mediante barcazas fluviales a un precio inferior incluso a los costes de transporte de los productores de Rusia, Bielorrusia y Canadá, que tienen que enviarla a través del mundo.
"En Autazes, estamos en el patio trasero de los agricultores brasileños", dijo Simpson.
Brazil Potash es propiedad de CD Capital, con una participación del 34%, Sentient, con el 23% de las acciones, y Stan Bharti's Forbes & Manhattan Group, un banco de negocios con sede en Toronto que inició el proyecto y que ahora posee el 14%, junto con otros accionistas. (1 $ = 5,0042 reales) (Reportaje de Anthony Boadle Edición de Bill Berkrot y David Gregorio)
