El juez de distrito estadounidense T. Kent Wetherell, de Pensacola, impidió que la administración siguiera aplicando un memorando de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que había autorizado "alternativas a la detención" para aliviar el hacinamiento en los centros de detención. Estas alternativas incluían tobilleras, vigilancia telefónica o controles por parte de funcionarios de inmigración. Los críticos republicanos han calificado esta política de "captura y liberación".
Wetherell, nombrado por el expresidente republicano Donald Trump, dijo que las autoridades federales de inmigración carecen de poder para aplicar esas alternativas de forma generalizada en virtud de la ley vigente. El juez coincidió con el argumento de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, que impugnó la política.
"Los demandados han convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y en poco más que un badén para los extranjeros que inundan el país", escribió Wetherell, refiriéndose a los ciudadanos no estadounidenses que cruzan la frontera ilegalmente.
Wetherell dio a la administración siete días para presentar un recurso antes de que su decisión entre en vigor.
La oficina de Moody y el DHS no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
La administración ha dicho que carece de los recursos y la capacidad de detención para procesar una reciente oleada de migrantes. El fallo del miércoles podría provocar un aumento significativo del número de personas retenidas en centros de detención.
Moody demandó al DHS en 2021, alegando que su política, conocida oficialmente como Libertad Condicional Más Alternativa a la Detención, viola una ley estadounidense llamada Ley de Inmigración y Nacionalidad. Más de 100.000 personas habían sido liberadas en Florida como resultado de la política de la administración, obligando al estado a incurrir en costes sustanciales para proporcionar servicios sociales, según la demanda.
La ley federal de inmigración permite al DHS "poner en libertad condicional" a los inmigrantes en lugar de detenerlos "caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo". La administración argumentó que el memorando de 2021 era un ejercicio de esa discrecionalidad porque el hacinamiento en los centros de detención equivalía a una crisis humanitaria.
Wetherell decidió que la política violaba el requisito de que el gobierno considere la libertad condicional caso por caso.
Florida y otros 19 estados liderados por republicanos están impugnando por separado otra política de la administración que permitiría que cientos de miles de personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua fueran liberadas en Estados Unidos en lugar de ser detenidas cada año.
