En la primera declaración de la administración talibán sobre la decisión desde que la ONU reconoció haber oído hablar de las nuevas restricciones la semana pasada, el portavoz Zabihullah Mujahid dijo el miércoles que la política "debe ser respetada por todas las partes".
Las Naciones Unidas han dicho que no pueden aceptar la decisión ya que violaría sus estatutos. Ha pedido a todo su personal que no acuda a sus oficinas mientras celebra consultas y revisa sus operaciones hasta el 5 de mayo. El martes, la Misión de la ONU en Afganistán dijo que la administración talibán sería responsable de cualquier impacto humanitario negativo derivado de la prohibición.
En un comunicado, Mujahid culpó a los gobiernos extranjeros de la crisis humanitaria provocada por las sanciones impuestas a su sector bancario y la congelación de los activos del banco central afgano en el extranjero, algunos de los cuales han sido colocados en un fondo fiduciario suizo.
Algunos diplomáticos y responsables de la ayuda en Afganistán y en todo el mundo han expresado su preocupación por la posibilidad de que los donantes retiren su apoyo al programa de ayuda humanitaria de Afganistán, el mayor del mundo, y de que la ejecución de los programas y la llegada a las mujeres del conservador país no sea posible sin trabajadoras.
Las autoridades talibanes dijeron en diciembre que no se permitiría trabajar a la mayoría de las trabajadoras afganas de las ONG.
La agencia humanitaria de la ONU ha dicho que un enorme plan de financiación para Afganistán para 2023 está financiado en menos de un 5%.
"Si no se asegura urgentemente la financiación, millones de afganos se verán abocados a la hambruna, la enfermedad y la muerte", declaró el miércoles.
