La jueza de distrito estadounidense Beth Bloom, de Miami, dictaminó la semana pasada conceder un total de 440 millones de dólares al demandante, Havana Docks Corp, registrada en Delaware, a dos ciudadanos estadounidenses que afirman ser descendientes de los propietarios originales de la terminal del puerto de cruceros de La Habana.

Se produce después de que Bloom dictaminara en marzo que el uso del puerto constituía tráfico de bienes confiscados propiedad de Havana Docks Corp. La sentencia supuso un hito para los cubano-americanos que buscan una compensación por las confiscaciones de bienes de la época de la Guerra Fría.

"Se conceden al demandante 109.671.180,90 dólares en concepto de daños y perjuicios", decía la sentencia contra Carnival, mientras que las sentencias contra Norwegian, Royal Caribbean y MSC -la última de las cuales se publicó el martes- concedían al demandante 109.848.747,87 dólares de cada transatlántico.

Royal Caribbean, en un comentario a Reuters, dijo que "no estaba de acuerdo con la sentencia y que la recurriría". Carnival también dijo que estaba "fuertemente" en desacuerdo y que apelaría, y que había realizado un "viaje legal".

Norwegian Cruise Line declinó hacer comentarios y MSC Cruceros no respondió a una solicitud de comentarios.

Havana Docks demandó a las líneas de cruceros al amparo de la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar por el uso de bienes incautados en Cuba después de 1959.

"Este es un fallo muy importante del juez Bloom. El uso comercial de propiedad confiscada en Cuba en violación de la ley estadounidense conlleva consecuencias legales claramente detalladas y bien conocidas y publicitadas", dijo Roberto Martínez, abogado de Havana Docks.

"Los hechos indiscutibles establecieron que las líneas de cruceros recaudaron más de 1.200 millones de dólares en ingresos de sus cruceros que utilizaron la terminal confiscada - y no pagaron nada a Havana Docks Corp ni al pueblo cubano", añadió.

Las sentencias podrían alimentar más demandas por parte de exiliados cubanos que persiguen reclamaciones, que según una estimación ascienden a 2.000 millones de dólares, sobre confiscaciones de bienes bajo el mandato del difunto líder cubano Fidel Castro.