Una encuesta realizada a 1.775 jefes de seguridad de 30 países reveló que sus empresas habían perdido más de un billón de dólares en ingresos en 2022 como consecuencia de incidentes de seguridad no cibernéticos, una cifra similar al impacto monetario de los ciberataques de mayor repercusión.
La encuesta, realizada por la empresa estadounidense de seguridad y dotación de personal Allied Universal, descubrió que las empresas estaban perdiendo bienes de alta gama y propiedad intelectual, tanto internamente entre el personal como externamente, siendo Norteamérica la más afectada.
La encuesta del Informe Mundial de Seguridad, la primera vez que Allied ha cotejado y publicado el pensamiento de tantas grandes empresas, interrogó a ejecutivos que supervisan un total de 660.000 millones de dólares en presupuestos de seguridad en 2022, o el 3,3% de sus ingresos globales.
A la pregunta de qué ocurriría con esos presupuestos durante el próximo año, el 46% respondió que "aumentarían significativamente". Eso se sumaría al creciente coste con el que las empresas de todo el mundo han estado lidiando, en todo, desde los salarios hasta la energía.
El director ejecutivo de Allied, Steve Jones, declaró a Reuters que, si bien gran parte de los fraudes, falsificaciones y pérdidas de propiedad intelectual obedecían a motivos financieros, algunas filtraciones internas de información sensible estaban motivadas por causas sociales.
"Existe este tipo de impacto social o motivación social o motivación política por la que los malos actores están ahí para perjudicar a una empresa o para impactar social y políticamente", afirmó.
El informe de Allied, propietaria del grupo británico de seguridad G4S, tenía por objeto calibrar el coste y la magnitud de las violaciones de la seguridad y qué factores las impulsan.
Enumeraba el malestar económico derivado de la alta inflación y el deterioro del nivel de vida, junto con el cambio climático y el malestar social como cuestiones que pueden conducir a violaciones de la seguridad.
En Norteamérica, el 41% de los encuestados afirmó haber sufrido infracciones de los derechos de autor por parte del personal o los contratistas, mientras que el 32% había perdido bienes físicos a manos de agentes externos.
Los ejemplos de pérdidas incluían el robo de bienes de alta gama en los sectores tecnológico y minorista, mientras que el sector farmacéutico luchaba contra la falsificación. Los centros de datos también se consideraron en peligro, ya fuera por la interrupción del suministro energético o si una brecha de seguridad estaba relacionada con un ciberataque.
Preguntados por el gasto futuro, el 42% de los encuestados afirmó que tenía intención de invertir en inteligencia artificial (IA) y en vigilancia impulsada por IA para detectar las amenazas con mayor rapidez. (Reportaje de Kate Holton; Edición de Andrew Heavens)
