Figuras de la oposición afirman que su juicio forma parte de un esfuerzo de las autoridades por frenar la disidencia contra el presidente Kais Saied en medio de unas elecciones parlamentarias en las que el escaso entusiasmo ha socavado su pretensión de apoyo público a su toma de poderes.

La primera vuelta de las elecciones, celebrada en diciembre, registró una participación de sólo el 11%, lo que provocó el ridículo generalizado entre los opositores de Saied y nuevas exigencias del poderoso sindicato de trabajadores para que cambiara de rumbo.

La segunda vuelta tendrá lugar el domingo, dos días después de que comience el juicio de Issa y tras una serie de procesamientos de otros críticos del presidente.

"La situación es muy peligrosa e inquietante por los ataques a la democracia", declaró.

Saied, que fue elegido en una victoria aplastante en 2019, envió tanques para cerrar el parlamento en 2021 antes de hacerse con la mayoría de los poderes y reescribir la constitución, aprobando una nueva versión el año pasado en referéndum.

Afirmó que sus acciones eran legales y necesarias para salvar a Túnez de años de estancamiento económico y disputas políticas, y ha calificado a sus enemigos de traidores, pidiendo que se actúe contra ellos.

Las autoridades han rechazado las afirmaciones de que cualquiera de los juicios, incluido el de Issa, tenga motivaciones políticas.

Sin embargo, aunque Saied ha prometido defender los derechos y libertades conseguidos en las elecciones, el nuevo parlamento que elijan los votantes apenas tendrá poder y él conservará la autoridad última.

PROTESTAS

Issa es uno de los varios críticos destacados de Saied que se enfrentan a causas judiciales, un momento que la oposición considera una táctica deliberada de intimidación.

"Saied inició una campaña contra los líderes de la primera fila de la oposición", declaró Najib Chebbi, jefe de la coalición "Frente de Salvación" de grupos opositores que han celebrado repetidas protestas contra el presidente.

Ali Laaryedh, líder del mayor partido de la oposición, Ennahda, fue encarcelado el mes pasado acusado de haber ayudado a enviar yihadistas a Siria mientras formaba parte de la coalición gobernante, algo que él y ésta niegan.

Ghazi Chouachi, antiguo líder del partido Attayar y firme opositor a Saied, está siendo procesado por una entrevista radiofónica en la que criticó al presidente.

Otro destacado activista, Ayachi Hammami, se enfrenta a un juicio en virtud de una ley que prohíbe la difusión de "noticias falsas" en Internet tras haber criticado a Saied y al ministro de Justicia.

Para Issa, el contraste entre el Túnez actual y la democracia que intentó construir tras la revolución de 2011 es muy marcado.

Dos días antes de que la anterior autocracia se derrumbara en enero de 2011, ella había escrito un post en las redes sociales en el que decía que estaba dispuesta a pagar cualquier precio por la libertad. Como hija de un preso político, era un coste que ella comprendía.

"Hoy repito el mismo mensaje. Estoy dispuesta a pagar el precio de la libertad y la democracia", afirmó.

Para muchos tunecinos, sin embargo, los objetivos políticos y democráticos han pasado a un segundo plano ante un desplome económico que ha llevado al Estado al borde de la bancarrota, al tiempo que ha vaciado las estanterías de los supermercados de productos clave.

El sindicato UGTT, que dice contar con un millón de afiliados, ha centrado sus ataques en la gestión de la economía por parte de Saied y en las promesas de su gobierno de realizar dolorosas reformas como precio para asegurarse un rescate internacional.

Ahora exige a Saied que aborte también sus planes políticos y que, en su lugar, emprenda un diálogo nacional que incluya a todas las principales agrupaciones de la sociedad civil para forjar un nuevo camino hacia delante.

El diálogo representa "una última oportunidad" para Saied, aunque hasta ahora ha rechazado la idea, afirmó Sami Tahri, un alto cargo de la UGTT.

"Si el presidente no acepta el diálogo, daremos nuestra opinión y no nos quedaremos callados", afirmó.