El presidente Kais Saied anunció el domingo su declaración de abolir el Consejo Judicial Supremo, una medida que el organismo rechazó por considerarla ilegal y un intento de socavar la independencia de los jueces.

El jefe del consejo, Youssef Bouzakher, declaró a Reuters el martes que sus miembros estaban desafiando la presión de Saied para cerrarlo y que estaban discutiendo por correo electrónico sus próximos pasos para oponerse a la medida.

Los embajadores en Túnez del grupo G7 de democracias ricas afirmaron que "un poder judicial transparente, independiente y eficaz y la separación de poderes son esenciales para una democracia que funcione y sirva a su pueblo".

El ministro de Asuntos Exteriores, Othman Jarandi, recibió el martes a los embajadores del grupo G7 y al representante de la Comisión de Derechos Humanos y les informó de que la decisión del presidente de disolver el Consejo Judicial Supremo tiene como objetivo reformar el poder judicial.

"La decisión del presidente no pretende en modo alguno meter mano al poder judicial", declaró el ministro.

Túnez se enfrenta a una crisis de las finanzas públicas, con los tunecinos quejándose ya de la escasez de algunos bienes y con el gobernador del banco central advirtiendo de un colapso económico como en Venezuela o Líbano.

Mientras Túnez ha iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un paquete de rescate considerado necesario para desbloquear otras ayudas financieras, los donantes han instado a Saied a adoptar un enfoque integrador de las reformas.

El presidente ha prometido defender los derechos y libertades que los tunecinos conquistaron en la revolución de 2011 que desencadenó la Primavera Árabe y trajo la democracia, pero su última medida ha aumentado la preocupación por la continuidad del Estado de derecho.

En julio suspendió el Parlamento y destituyó al primer ministro, afirmando posteriormente que podría gobernar por decreto mientras prepara una nueva Constitución que, según dice, se someterá a referéndum este verano.

Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos temen que se esté volviendo cada vez más autoritario y su última medida de poner el poder judicial bajo su control significaría que tiene un poder absoluto sobre todos los poderes del Estado.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también instó a Saied a restaurar el consejo, advirtiéndole de que su disolución "socavaría gravemente el Estado de derecho".

El grupo de derechos Amnistía Internacional también declaró el martes que la medida suponía "una grave amenaza para los derechos a un juicio justo en Túnez".

La asociación de jueces dijo en un comunicado que suspendería todo el trabajo en los tribunales el miércoles y el jueves y que los jueces celebrarían una protesta contra la decisión de Saied el jueves.