Saied anunció de la noche a la mañana que disolvía el Consejo Judicial Supremo, uno de los pocos órganos del Estado que aún pueden actuar con independencia de él, la última de una serie de medidas que sus oponentes califican de golpe de Estado.

En julio suspendió repentinamente el parlamento, destituyó al primer ministro y dijo que podía gobernar por decreto, y desde entonces ha dicho que reescribirá la constitución democrática de 2014 antes de someterla a un referéndum público.

Saied ha prometido mantener los derechos y las libertades conquistados en la revolución de 2011 que introdujo la democracia, pero sus críticos dicen que se apoya cada vez más en las fuerzas de seguridad y temen que adopte una postura más dura contra la disidencia.

Sin embargo, los graves problemas económicos de Túnez y la inminente crisis de las finanzas públicas corren el riesgo de socavar el plan declarado por Saied de restablecer la revolución de 2011 con una nueva constitución, lo que aumenta la posibilidad de disturbios públicos.

Saied lleva meses discutiendo con el poder judicial, criticando sus decisiones, acusándolo de corrupción y diciendo que ha sido infiltrado por sus enemigos políticos.

El jefe del Consejo Judicial Supremo, Youssef Bouzakher, dijo a primera hora del domingo que su disolución era ilegal y marcaba un intento de poner a los jueces bajo la instrucción presidencial.

"Los jueces no se quedarán callados", advirtió.

Más tarde, otras dos organizaciones judiciales condenaron la medida como inconstitucional. La Asociación de Jóvenes Magistrados dijo que formaba parte de una purga política de la judicatura y la Asociación de Jueces afirmó que Saied estaba intentando amasar todos los poderes en sus propias manos.

Saied, profesor de derecho constitucional antes de presentarse a la presidencia en 2019, está casado con una jueza y ha dicho en repetidas ocasiones que el poder judicial debe recordar que representa una función del Estado en lugar de ser el Estado mismo.

En enero, revocó los privilegios financieros de los miembros del consejo, acusando al organismo independiente creado en 2016 de nombrar a los jueces para sus puestos en función de la lealtad a su dirección.

"Su lugar no es donde se sientan ahora, sino donde están los acusados", dijo Saied sobre los miembros del consejo en su discurso nocturno, pronunciado desde el edificio del Ministerio del Interior, que supervisa las fuerzas de seguridad de Túnez.

Saied había convocado a sus partidarios a protestar contra el consejo el domingo, pero sólo acudieron unos cientos de personas. Algunos sostenían una pancarta que decía: "El pueblo quiere limpiar el poder judicial".

Varios de los principales partidos del parlamento suspendido, incluido el islamista moderado Ennahda, que ha formado parte de sucesivos gobiernos desde 2011, acusan a Saied de golpista.

El líder de Ennahda, Rached Ghannouchi, que también es el presidente del parlamento suspendido, dijo en un comunicado el domingo que el organismo rechazaba la decisión de Saied de disolver el consejo y expresaba su solidaridad con los jueces.

Otros tres partidos, Attayar, Joumhouri y Ettakatol, emitieron una declaración conjunta rechazando la medida.