El Parlamento Europeo adoptó su posición sobre la inminente reforma de las normas de migración y asilo del bloque antes de negociar su forma definitiva con los 27 Estados miembros de la UE, divididos desde hace tiempo sobre las llamadas reubicaciones obligatorias.

Países como Polonia y Hungría se niegan a acoger a ninguno de los recién llegados, mientras que otros como Italia y Francia -donde llegan personas de Oriente Próximo y África en barcos de contrabandistas a través del mar Mediterráneo- afirman que no pueden hacer frente solos a la situación.

Varsovia, Budapest y sus aliados dicen que pueden ayudar aportando dinero, personal o equipamiento en lugar de estar legalmente obligados a acoger a personas. Los países mediterráneos de llegada y los Estados ricos de destino como Alemania dicen que eso se queda corto.

El sistema de migración y asilo del bloque se colapsó en 2015 cuando más de un millón de personas -en su mayoría huyendo de la guerra en Siria- alcanzaron las costas meridionales de Europa.

Aquello cogió a la UE por sorpresa, poniendo a prueba sus capacidades de acogida y seguridad y desencadenando una oleada de sentimiento antiinmigración en todo el bloque.

Desde entonces, la UE ha endurecido las fronteras exteriores y las leyes de asilo para mantener alejada a la gente, y la delicada cuestión de la migración desapareció de la primera línea de la agenda política del bloque cuando la pandemia del COVID-19 recortó la movilidad mundial.

Pero las llegadas al Mediterráneo aumentaron el año pasado, y la agencia fronteriza del bloque, Frontex, informó de unas 330.000 llegadas no autorizadas.

Ante el aumento de la inmigración irregular, quienes lideran los llamamientos para que la UE haga más para reducir las llegadas por mar son, entre otros, el gobierno de extrema derecha de Italia.

Anteriormente consideradas de línea dura, las ideas de construir vallas fronterizas y evaluar las solicitudes de asilo de las personas fuera de Europa -incluso en Ruanda, como propone Dinamarca- vuelven a estar a la orden del día y forman parte de los debates políticos de la UE sobre la gestión de la inmigración.

Aunque la UE quiere revisar su difunto sistema antes de unas elecciones en todo el bloque en 2024, la cuestión de las reubicaciones obligatorias parece tan atascada como siempre, según los diplomáticos.