Los legisladores de la UE deberán respaldar la próxima semana una propuesta de debilitamiento de la información obligatoria sobre sostenibilidad para unas 50.000 empresas, en la última maniobra de los partidos de centro-derecha para diluir la agenda verde del bloque de 27 miembros.

Más de 40 legisladores, en su mayoría representantes del mayor partido del Parlamento Europeo, el PPE, han presentado una moción que se votará en el pleno el 18 de octubre.

La moción afirma que las divulgaciones propuestas por la Comisión Europea suponen una "elevada carga administrativa" para las empresas, además de poner en peligro los planes del ejecutivo de la Unión Europea de reducir la burocracia y las obligaciones de información para que la UE sea más competitiva.

El umbral para las empresas que entren en el ámbito de aplicación de las nuevas normas debería elevarse, añade.

Las divulgaciones dan cuerpo a la Directiva de la UE sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), que exige la presentación obligatoria de informes sobre factores medioambientales, sociales y de gobernanza a partir de 2024 para impedir que las empresas exageren sus credenciales de sostenibilidad.

El Parlamento y los Estados de la UE pueden adoptar o aprobar las Normas Europeas para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad (NERS) propuestas.

Los legisladores de centro derecha se oponen a la agenda verde de la UE, haciéndose eco de la reacción de los republicanos en Estados Unidos. Pero reunir una mayoría en el parlamento para rechazar las normas ESRS será todo un reto.

Mairead McGuinness, comisaria europea responsable de las ESRS, declaró el viernes que hace un año detectó preocupación entre las empresas por verse desbordadas.

"Escuché atentamente y lo que tenemos en este momento son normas muy proporcionadas", declaró McGuinness en una reunión del Instituto de Finanzas Internacionales.

La Comisión ya ha suavizado las propuestas elaboradas inicialmente por el organismo consultivo contable de la UE EFRAG.

Otro proyecto de ley de la UE, la directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD), también se enfrenta a la oposición del PPE, mientras el Parlamento y los Estados de la UE tratan de elaborar un texto definitivo, con algunos en contra de incluir al sector financiero en su ámbito de aplicación. (Reportaje de Huw Jones; Edición de Alexander Smith)