Los legisladores utilizaron auriculares para escuchar en directo las traducciones al español de los discursos en catalán, euskera y gallego mientras debatían la modificación del reglamento de la cámara para permitir su uso en los procedimientos, que antes estaba prohibido en la cámara baja pero parcialmente admitido en el Senado.

La reforma fue aprobada con 176 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones. Se produce mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, corteja a los partidos separatistas catalanes para que le apoyen en una votación de investidura.

El gobierno provisional de Sánchez también ha pedido a la Unión Europea que las tres lenguas sean oficiales en las instituciones del bloque.

José Ramón Gómez Besteiro, diputado socialista por la región noroccidental de Galicia, fue el primero en hablar en su gallego natal y fue interrumpido por la portavoz de extrema derecha de Vox, Pepa Millán, que se opuso a su uso de la lengua.

Después de que el orador la amonestara, los 33 legisladores de Vox abandonaron la cámara en señal de protesta, dejando sus auriculares en un escaño donde suele sentarse Sánchez. Los legisladores del conservador Partido Popular (PP) se negaron a utilizarlos.

La nueva medida se acordó el 17 de agosto a cambio de respaldar la candidatura a la portavocía de Francina Armengol.

Su elección fue el primer paso en los intentos de Sánchez por cortejar a los partidos regionales, que tienen la llave para renovar su mandato.

Tendrá que esperar hasta finales de septiembre para que su oponente conservador, Alberto Núñez Feijoo, del Partido Popular (PP), haga un primer intento de asegurarse el puesto de primer ministro después de que su partido quedara primero en las elecciones generales de julio.

Feijoo, gallegohablante bilingüe, no ha logrado hasta ahora reunir los votos suficientes para asegurarse la mayoría.

El uso público de las lenguas regionales españolas fue censurado por el Estado durante la dictadura de Francisco Franco.

Tras la muerte de Franco en 1975, la incipiente democracia española dio paso a constituciones regionales que las declararon oficiales dentro de su región junto con el español.

El uso de estas lenguas ha sido durante mucho tiempo un punto de discordia entre la derecha nacionalista española, defensora de una visión centralizada del país, y otros partidos que buscan reforzar los derechos regionales y la diversidad.

Se calcula que hay 9 millones de hablantes de catalán, 3 millones de gallegos y unas 750.000 personas que dominan el euskera.