Incluso en tiempos de dificultades económicas, los gobiernos están dando prioridad a las políticas de tarificación directa del carbono para reducir las emisiones. Pero para impulsar realmente el cambio a la escala necesaria, necesitaremos ver grandes avances tanto en términos de cobertura como de precio, dijo Jennifer Sara, directora global para el cambio climático del Banco Mundial.
Varios países están utilizando un precio sobre las emisiones de carbono para ayudar a cumplir sus objetivos climáticos en forma de impuesto, o en el marco de un sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), o de límites máximos y comercio.
En la actualidad hay 73 instrumentos mundiales de fijación de precios del carbono en funcionamiento, frente a los 68 que había cuando el Banco Mundial publicó su informe 2022 el pasado mes de mayo, que cubren alrededor del 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
La cifra recaudada en 2022 en concepto de ingresos del carbono fue superior a los cerca de 84.000 millones de dólares recaudados en 2021.
En 2017, un informe de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono indicaba que los precios del carbono debían situarse entre 50 y 100 dólares por tonelada en 2030 para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados, el límite superior acordado en el acuerdo de París de 2015.
A 1 de abril de 2023, menos del 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están cubiertas por un precio directo del carbono igual o superior al rango recomendado para 2030, según el informe.
Ajustados a la inflación, esos precios tendrían que situarse ahora en una horquilla de entre 61 y 122 dólares por tonelada, según el informe del Banco Mundial. (Reportaje de Susanna Twidale; Edición de Sharon Singleton)
