La ley establece el Consejo Nacional de Universidades (CNU) como principal órgano de gobierno, anulando los grupos de expertos académicos de cada institución que tenían esas competencias.
La norma fue aprobada con 75 votos a favor y 14 abstenciones.
"Esta reforma acaba con la autonomía de las universidades que tanta sangre costó en Nicaragua. El gobierno controla ahora el CNU, que hasta ahora era sólo un órgano asesor de las universidades", dijo el académico Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la mayor del país.
Los diputados oficialistas argumentaron que la reforma busca fortalecer la educación superior y el papel del CNU como órgano rector de las universidades.
La reforma también recorta el financiamiento público a la Universidad Centroamericana (UCA) de los jesuitas, una institución crítica con el gobierno y cuna de las protestas antigubernamentales que estallaron en el país centroamericano en 2018.
La UCA fue incluida en el CNU y se le concedió financiación pública unos meses antes de que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega dejara el poder en 1990.
La UCA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Ha dicho que en 2018 el Estado concedió a la universidad 8,1 millones de dólares para su funcionamiento, una asignación que se ha ido reduciendo a lo largo de los años y que se redujo a 38.000 dólares en 2022.
"Es una venganza contra la UCA por el papel que jugaron sus estudiantes en la rebelión de abril de 2018", dijo la profesora de derecho constitucional María Asunción Moreno.
La reforma incorporó al CNU tres universidades creadas por el gobierno en las últimas semanas y expulsó a la UCA, donde Ortega y tres de sus hijos estudiaron.
El Parlamento nicaragüense ha cerrado 14 universidades privadas en los últimos meses, afirmando que no cumplieron con sus obligaciones con el ente rector, mientras que la oposición ha dicho que es un intento del gobierno de tomar el control de las universidades críticas con Ortega.
