Pakistán podría lograr un acuerdo a nivel de personal sobre un nuevo préstamo a largo plazo de mayor cuantía con el Fondo Monetario Internacional a principios de julio, según declaró el martes su ministro de Finanzas.

El actual acuerdo de 3.000 millones de dólares del país con el fondo - que consiguió el verano pasado para evitar un impago soberano - vence a finales de abril.

La economía del sur de Asia, de 350.000 millones de dólares, se enfrenta a una crisis crónica de la balanza de pagos. El gobierno busca un préstamo mayor y a largo plazo que le ayude a estabilizar la actividad económica y los mercados financieros para poder ejecutar las dolorosas reformas estructurales pendientes desde hace tiempo.

Si se consigue, sería el 24º rescate del FMI para Pakistán.

"Seguimos esperando obtener un acuerdo a nivel de personal para junio o principios de julio", declaró el ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, en una conferencia en Islamabad.

Regresó de Washington la semana pasada tras encabezar un equipo que asistió a las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial.

"Tuvimos muy buenas discusiones en Washington", dijo.

Dijo desconocer por el momento el volumen y la duración del programa más largo, aunque ya había dicho anteriormente que buscaba al menos un plan de rescate de tres años.

Ambas partes han dicho que ya estaban en conversaciones para el nuevo préstamo. Sin embargo, la solicitud formal se hará una vez que expire el actual mecanismo, ya que es probable que el directorio del FMI se reúna a finales de este mes para aprobar el segundo y último tramo del actual plan de ayuda.

Se espera que la economía crezca un 2,6% en el año fiscal 2024, dijo el ministro de Finanzas, añadiendo que la inflación se proyectaba en un 24%, por debajo del 29,2% del año fiscal 2023. Tocó un máximo histórico del 38% el pasado mes de mayo.

Aurangzeb dijo que las reformas estructurales incluirían el aumento de la relación ingresos fiscales/PIB del gobierno hasta el 13% o el 14% en los próximos dos o tres años desde el nivel actual de alrededor del 9%, la reducción de las pérdidas de las empresas estatales mediante su privatización y una mejor gestión del sector energético, cargado de deudas.