El fiscal general de Idaho, el republicano Raul Labrador, afirmó la semana pasada en un dictamen jurídico que la prohibición casi total del aborto en el estado, promulgada el pasado agosto, "prohíbe que un proveedor médico de Idaho... remita a una mujer al otro lado de las fronteras estatales para acceder a servicios de aborto".
En su demanda, presentada ante un tribunal federal de Boise, Planned Parenthood y los médicos afirmaron que la interpretación de Labrador de la ley viola la Constitución de EE.UU. al prohibir la libertad de expresión protegida e intentar extender la ley de Idaho más allá de sus fronteras.
"El fiscal general Labrador está violando los límites de nuestra Constitución para seguir negando a los ciudadanos de Idaho la libertad de decidir qué es lo mejor para sus propios cuerpos y su futuro", dijo Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, en un comunicado.
La oficina de Labrador no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Idaho prohibió el aborto mediante la llamada ley gatillo, que entró en vigor en agosto, poco después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara la sentencia Roe contra Wade de 1973, que había garantizado el derecho al aborto en todo el país.
La ley no tiene excepciones, pero permite a un proveedor acusado de realizar un aborto ilegal superar la acusación demostrando ante un tribunal que el aborto era necesario para salvar la vida de la madre, o que era resultado de una violación o incesto denunciado a las fuerzas del orden.
Establece de dos a cinco años de prisión para un proveedor condenado por realizar un aborto ilegal, y la suspensión de la licencia médica de un proveedor que asista en uno.
