El anterior gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) estuvo durante años enzarzado en una disputa con Bruselas sobre sus reformas judiciales y el Estado de derecho, lo que provocó la congelación de miles de millones de los fondos de la Unión Europea para Polonia.
Pero los partidos pro-UE ganaron la mayoría en las elecciones del 15 de octubre, poniendo fin a ocho años de gobierno del PiS, y un nuevo gobierno dirigido por el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha prometido recuperar el acceso al dinero.
Una de las cuestiones clave es el procedimiento de nombramiento de los jueces, que según los críticos se politizó bajo el gobierno de PiS. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE también han señalado irregularidades en el procedimiento.
Bodnar propone que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (KRS) sean nombrados por otros jueces, excluyendo del proceso a los jueces nombrados por el anterior Consejo.
"En nuestra opinión, este proyecto de ley es coherente con la Constitución y los tratados internacionales aplicables a Polonia... y cumplirá las normas resultantes de los veredictos del TEDH y el TJUE", declaró el viceministro de Justicia, Dariusz Mazur.
