La Protectora Pública Busisiwe Mkhwebane, funcionaria contra el soborno por mandato constitucional, fue nombrada en 2016 por el predecesor de Ramaphosa, Jacob Zuma. Se la considera aliada de la facción de Zuma dentro del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (CNA), que se opone a la facción de Ramaphosa, algo que ella ha negado.

Su mandato se ha visto empañado por las acusaciones de que impulsó una campaña contra Ramaphosa y ha sido muy criticada por haber perdido varios juicios de alto nivel.

El acontecimiento se produce después de que el presidente pidiera a Mkhwebane en marzo que le diera razones para no suspenderla, después de que una comisión parlamentaria decidiera seguir con su moción para destituirla.

El miércoles, un comunicado emitido por el Protector Público dijo que Mkhwebane había recibido críticas injustas y que también había sido acusada por los medios de comunicación y los políticos de "apuntar" a ciertos miembros del poder ejecutivo del gobierno y de involucrarse en la política partidista.

El Parlamento sudafricano había iniciado en 2020 un proceso para destituirla en medio de las críticas a su trayectoria en el cargo.