Representantes del Parlamento Europeo y de los gobiernos de la UE llegaron a un acuerdo tras conversaciones que duraron toda la noche sobre las leyes de la UE denominadas colectivamente Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que deberían empezar a entrar en vigor el año que viene.

He aquí los detalles del acuerdo de la UE, las principales cuestiones y lo que viene a continuación.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Los Estados de la UE han estado intercambiando culpas sobre cómo atender a los recién llegados desde que más de un millón de personas -en su mayoría huyendo de la guerra en Siria- cogieron al bloque por sorpresa al llegar a él a través del Mediterráneo en 2015.

Desde entonces, el bloque ha endurecido las fronteras exteriores y sus leyes de asilo, y ha llegado a acuerdos en Oriente Próximo y el Norte de África para que más personas se queden allí. Los datos de la UE muestran que menos de 100.000 inmigrantes irregulares llegaron a Europa en 2020, pero esa cifra ha aumentado a más de 250.000 en lo que va de año.

El bloque espera que una menor inmigración irregular permita a los países de la UE reanudar la cooperación para repartir más equitativamente la tarea de hacerse cargo de los refugiados y migrantes que llegan.

¿CÓMO LO ABORDA EL NUEVO PACTO?

A cada país de la UE se le asignaría una parte de las 30.000 personas totales que el bloque debe acoger al año en su sistema migratorio conjunto en un momento dado.

Eso se calculará en función del tamaño del PIB y la población del país, el número de cruces fronterizos irregulares, incluso a través de operaciones de rescate marítimo, y más.

Los países que no estén dispuestos a acoger a personas podrán, alternativamente, ayudar a sus pares de acogida mediante dinero en efectivo -al menos 20.000 euros por persona al año-, equipamiento o personal.

¿QUÉ MÁS HAY DE NUEVO?

El acuerdo introduciría un nuevo procedimiento fronterizo acelerado para quienes se considere que tienen pocas probabilidades de obtener asilo, con el fin de evitar que permanezcan dentro del bloque durante años.

Sus solicitudes se tramitarían en un máximo de 12 semanas y, en caso de ser rechazadas, deberían ser devueltas a sus países de origen en otras 12 semanas.

Este mecanismo se aplicaría a todos aquellos considerados peligrosos, poco cooperativos o procedentes de países con bajos índices de reconocimiento de asilo en la UE, como India, Túnez y Turquía.

Los países de la UE también podrían aplicar el procedimiento acelerado a las personas recogidas en el mar, capturadas al intentar entrar ilegalmente o que soliciten asilo en la frontera de un país en lugar de hacerlo por adelantado.

¿FUNCIONARÁ EN LA PRÁCTICA?

Antes de respaldarlo finalmente, Italia y Grecia expresaron su preocupación sobre si el nuevo sistema resultaría viable, dada la negativa de algunos Estados a acoger personas.

A los países del sur les preocupa verse desbordados, mientras que los más alejados de las fronteras exteriores del bloque tienden a dar largas a la hora de admitir llegadas y los complejos planes de solidaridad tardan en entrar en funcionamiento.

Otro reto es vigilar de cerca el movimiento de las personas una vez que entran en la zona de libre circulación de Europa.

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS HAY Y QUIÉN ESTÁ EN CONTRA DEL ACUERDO?

Los grupos de defensa de los derechos dijeron que el plan corría el riesgo de revivir las trágicas escenas que se vivieron en las islas griegas hace varios años, al crear más campos de inmigrantes hacinados en los límites de la UE.

Dijeron que el nuevo plan podría dar lugar a detenciones prolongadas de menores y lo criticaron por centrarse en mantener alejadas a las personas en lugar de ayudar a las necesitadas.

Las críticas también llegaron de Hungría y del anterior gobierno de Polonia, las voces más fuertes de la UE contra la inmigración procedente de Oriente Próximo y África.

Varsovia se ha negado a acoger a ninguno de los llegados, en su mayoría musulmanes, aunque ha dado cobijo a millones de ucranianos que huyen de la guerra de Rusia.

¿QUÉ VIENE AHORA?

El pacto empezará a aplicarse a partir de 2024, pero podría tardar dos años en entrar plenamente en vigor.