El presidente promulgó la norma de emergencia el 30 de diciembre para sustituir a la ley de Creación de Empleo de 2020, argumentando que la incertidumbre económica mundial y la posibilidad de una crisis económica global este año obligaban a las autoridades a actuar con rapidez para atraer a los inversores.

La ley de Creación de Empleo revisó más de otras 70 leyes y fue alabada por los inversores extranjeros por agilizar las normas empresariales en la mayor economía del sudeste asiático, pero fue controvertida porque se consideró que perjudicaba los derechos laborales y erosionaba la protección medioambiental.

Esa ley fue declarada parcialmente inconstitucional por el tribunal en 2021, debido a unas consultas públicas inadecuadas. El tribunal dictaminó que los legisladores debían completar un proceso de debate renovado en un plazo de dos años.

La normativa de emergencia ha sido condenada por algunos expertos jurídicos, entre ellos el ex presidente del Tribunal Constitucional Hamdan Zoelva, que afirmó que no existía ninguna emergencia que permitiera al presidente tomar esa medida.

La ministra de Derecho y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, declaró a Reuters que el gobierno estaba dispuesto a responder de la revisión judicial ante el tribunal.

Entre los demandantes se encuentran estudiantes universitarios, un abogado y el grupo de apoyo laboral Migrant CARE.

"Se trata de una forma de desobediencia de la Constitución por parte del presidente", declaró a Reuters el abogado de los peticionarios, Viktor Santoso Tandiasa. "Esto sienta un precedente muy peligroso si todas las instituciones del Estado siguen este proceso de no acatar (la sentencia del Tribunal Constitucional)", dijo.

Siti Badriyah, de Migrant CARE, dijo a Reuters: "Pedimos al tribunal que revoque (el reglamento)".

El tribunal ha recibido la solicitud de revisión judicial, que sería revisada antes de programar una vista, dijo su portavoz.