Rhode Island afirma que Teva creó una "molestia pública" al restar importancia a los riesgos de la adicción a los opiáceos y promover el uso no autorizado de potentes opiáceos a base de fentanilo que sólo estaban aprobados para ciertos tipos de dolor oncológico.
Rhode Island reclama a las empresas 5.900 millones de dólares, según una presentación judicial de Teva. Los funcionarios de Rhode Island declinaron hacer comentarios sobre la cantidad concreta.
Las filiales de Teva, Actavis Pharma y Cephalon Inc, también son demandadas en el caso en el Tribunal Superior de Rhode Island en Providence.
Las empresas han negado las acusaciones, afirmando que vendieron medicamentos legales y aprobados para el tratamiento del dolor.
En los documentos judiciales presentados por Teva, ésta califica la demanda de Rhode Island de intento improcedente de culpar de una crisis de salud pública de gran alcance a "un pequeño subconjunto de fabricantes de opiáceos" que elaboran medicamentos "de nicho" como Actiq y Fentora. Según los documentos presentados por Teva, esos medicamentos contra el cáncer representan sólo el 0,02% de todas las recetas de opiáceos en el estado desde 1998.
La empresa también vende opiáceos genéricos como la oxicodona.
La demanda de Rhode Island es una de las más de 3.300 presentadas por gobiernos estatales, locales y tribales de nativos americanos de todo el país que acusan a los fabricantes de medicamentos de minimizar la capacidad adictiva de los analgésicos opiáceos. Las demandas también acusan a los distribuidores y a las farmacias de ignorar las señales de alarma que indicaban que los fármacos se estaban desviando a canales ilegales.
El juicio comenzará mientras Teva intenta negociar un acuerdo a escala nacional sobre su responsabilidad por los opioides. Tras un reciente acuerdo de 225 millones de dólares con el estado de Texas, el consejero delegado de Teva, Kåre Schultz, declaró a Reuters que es probable que la empresa acabe pagando entre 2.700 y 3.600 millones de dólares para resolver las demandas por opioides.
Otros acusados en el caso de Rhode Island llegaron a un acuerdo antes del juicio, entre ellos los distribuidores de medicamentos McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp y Cardinal Health Inc, que se unieron a un acuerdo nacional de 21.000 millones de dólares.
Purdue Pharma LP, que también era demandada, obtuvo la aprobación inicial la semana pasada para un acuerdo de 6.000 millones de dólares financiado por sus propietarios de la familia Sackler que resolvería el litigio sobre su papel en la crisis de los opioides.
La teoría de la alteración del orden público se ha utilizado con resultados dispares en casos contra otros distribuidores, fabricantes y farmacias de opioides.
El juicio de Rhode Island se produce más de dos meses después de que un jurado de Nueva York declarara a Teva responsable de crear una alteración del orden público en el estado. Y un jurado federal determinó en noviembre que los operadores de cadenas de farmacias CVS Health Corp, Walgreens Boots Alliance Inc y Walmart Inc crearon una alteración del orden público en dos condados de Ohio, en el primer juicio contra esas empresas por la epidemia de opiáceos.
Aún no se han decidido los daños ni en el caso de Nueva York ni en el de Ohio.
Los tribunales de California y Oklahoma han fallado en sentido contrario, dando la razón a los demandados por opioides, incluidas Teva y Johnson & Johnson, en casos de alteración del orden público.
