El envejecimiento de las centrales eléctricas de carbón, la escasa inversión en nueva capacidad y el retraso en las políticas de fomento de los proveedores privados han hecho que Sudáfrica se enfrente a constantes cortes de electricidad.

Sin embargo, se está trabajando para acelerar la adquisición de capacidad adicional, según una presentación vista por Reuters el martes del Comité Nacional de Crisis Energética, creado por el presidente Cyril Ramaphosa.

En ella se decía que el comité está trabajando para "desarrollar una legislación de emergencia que pueda presentarse en el Parlamento para permitir que los proyectos energéticos avancen más rápidamente y posibilitar una acción coordinada y decisiva".

Añadía que una "maraña de burocracia" estaba dificultando la gestión de la crisis energética y que "el actual marco regulador no fue diseñado para hacer frente a un déficit energético".

El documento señalaba que se han hecho progresos en el Plan de Acción Energético anunciado por Ramaphosa en julio, incluido el aumento de los requisitos para la concesión de licencias a los proyectos privados de generación incorporada y la importación de energía.

Ramaphosa se reúne esta semana con distintas partes interesadas para discutir la forma de hacer frente a los peores cortes de electricidad registrados en el país.

En una reunión en la que estuvieron presentes líderes de partidos políticos, se reveló que los cortes de electricidad parece que continuarán al menos hasta 2024.

El mayor partido de la oposición, la Alianza Democrática, anunció el martes que acudirá a los tribunales para detener los recientes "inasequibles aumentos de tarifas" aprobados por el regulador energético.

El partido también quiere que se declare inconstitucional la aplicación de los cortes de electricidad continuos.

Los líderes de los partidos más pequeños de la oposición y algunas empresas amenazaron el lunes con emprender acciones legales por los cortes de electricidad cuando enviaron una carta de abogados al director general saliente de Eskom, Andre de Ruyter, y al ministro de Empresas Públicas, Pravin Gordhan.