El acontecimiento se produce un día antes de los alegatos finales en un caso presentado por el fiscal general de Nueva York que acusa a Trump de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares para asegurarse mejores condiciones de préstamo.

El juez Arthur Engoron aceptó inicialmente dejar hablar a Trump, pero dio marcha atrás después de que sus abogados no aceptaran límites estrictos sobre lo que podía decir, según una cadena de correos electrónicos archivada en el sumario del tribunal.

"No puede pronunciar un discurso de campaña y no puede impugnarme a mí, a mi personal, al demandante, al personal del demandante o al Sistema Judicial del Estado de Nueva York, nada de lo cual es relevante para este caso", dijo Engoron.

El abogado de Trump, Chris Kise, se opuso pero no aceptó los términos antes de la fecha límite del miércoles al mediodía fijada por Engoron, según consta en la presentación.

"¿A alguien le sorprende ya?", dijo otra abogada de Trump, Alina Habba, en un comunicado.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demócrata electa, reclama casi 370 millones de dólares por daños y perjuicios a Trump, a 10 de sus empresas y a sus dos hijos adultos, Donald Jr. y Eric Trump. Engoron declaró a Trump responsable de fraude en septiembre, dejando que el juicio se centrara en gran medida en los daños y perjuicios.

El juicio es uno de los muchos problemas legales a los que se enfrenta Trump en su campaña para desafiar al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024, aunque ninguno ha mermado su imponente ventaja sobre sus rivales.

Trump se ha quejado de que el juicio interfiere con su agenda de campaña, pero ha aprovechado sus comparecencias ocasionales y voluntarias ante el tribunal para recabar apoyos con comentarios incendiarios ante las cámaras de los informativos fuera de la sala.

Ha negado haber actuado mal y ha dicho que el caso es una caza de brujas política, acusando tanto a James como a Engoron de parcialidad política.

Los abogados del Estado trataron de demostrar que Trump sobrevaloró sistemáticamente muchas de las torres, clubes de golf y otros activos que bruñeron su reputación como magnate de los negocios antes de entrar en política y ganar las elecciones presidenciales de 2016.

Los abogados de Trump han argumentado que las valoraciones de las propiedades eran subjetivas y que los bancos no se vieron perjudicados por ninguna supuesta inexactitud porque se beneficiaron de los préstamos.

Trump se enfrenta a cuatro posibles juicios penales este año. Ha sido acusado en Washington y Georgia por sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020, en Florida por su manejo de documentos clasificados y en Nueva York por el dinero por silencio que pagó a una estrella del porno.

Se ha declarado inocente en todos esos casos.