La jueza Erika Aifan desempeñó un papel vital en la lucha contra la corrupción dirigida por un organismo anticorrupción respaldado por la ONU que fue expulsado del país en 2019. Human Rights Watch dijo que la salida de Aifan perjudicaría al sistema judicial de Guatemala.
"Me enfrenté a acusaciones, amenazas y presiones. ... Hoy he decidido renunciar a mi cargo porque no tengo suficientes garantías de protección para mi vida y mi integridad, ni la posibilidad de defenderme con el debido proceso", dijo Aifan en un video.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El periódico salvadoreño El Faro informó de que Aifan había huido a Estados Unidos, uniéndose a una creciente lista de fiscales, investigadores y jueces anticorrupción que han sido despedidos o han renunciado, alegando el acoso de las altas esferas del poder.
Aifan se ha enfrentado a intentos de que se le revoque la inmunidad, lo que podría llevarla a ser procesada e incluso encarcelada.
Durante años apoyó el trabajo del organismo anticorrupción de la ONU conocido como CICIG, que puso en marcha investigaciones, incluida una que llevó a la dimisión de un presidente en funciones en 2015.
El propio futuro presidente Alejandro Giammattei fue encarcelado durante 10 meses como resultado de una investigación de la CICIG sobre siete ejecuciones extrajudiciales durante una redada en una prisión en 2006, cuando era director del sistema penitenciario.
La CICIG fue desmantelada en 2019, poco antes de que Giammattei llegara al poder.
Aifan estuvo durante seis años a cargo de uno de los tribunales que maneja casos de alto impacto, conocido como Tribunal de Alto Riesgo.
Uno de esos importantes casos de corrupción implicaba a los principales magistrados del Tribunal Supremo y otro era contra poderosos empresarios acusados de financiación electoral.
Recientemente, Aifan dijo que estaba a cargo del testimonio de un testigo que alegaba que Giammattei recibió dinero ilícito para la campaña electoral que le hizo ganar la presidencia en 2019. El presidente negó haber cometido ningún delito.
El caso de las "Comisiones Paralelas", que implica intentos de influir en el poder judicial, fue uno de los casos que, según Aifan, intensificó las campañas en las redes sociales contra ella. También alegó vigilancia estatal, espionaje en su propio despacho, robo de documentos y amenazas para que desistiera del proceso.
"La dimisión de la jueza es un golpe para quienes defienden el Estado de derecho. Estados Unidos y la Unión Europea deberían imponer sanciones a quienes socavaron su independencia", dijo Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch.
