El cardenal Angelo Becciu es uno de los 10 acusados de fraude, extorsión, blanqueo de dinero, malversación de fondos y otros delitos, en su mayoría relacionados con la compra por parte del Vaticano de un edificio de lujo en Londres por 350 millones de euros (400 millones de dólares) en 2018.

Él y todos los demás niegan haber cometido algún delito.

"He sido precedido por una masacre mediática sin precedentes, presentado como el peor de los cardenales... descrito como un hombre corrupto, ávido de dinero, desleal al Papa, preocupado sólo por el bienestar de los miembros de mi familia", dijo Becciu en una declaración inicial.

El hombre de 73 años calificó todas las acusaciones de absurdas, grotescas y monstruosas. Dijo que "nunca quiso que un euro, ni siquiera un céntimo" del dinero que gestionó para el Vaticano "fuera malversado, mal utilizado o empleado para fines que no fueran exclusivamente institucionales".

Becciu, que en su día fue un poderoso agente de poder del Vaticano, fue el primer acusado en declarar en el juicio, que comenzó en julio pero que pasó meses empantanado en los argumentos preliminares.

Como Estado soberano, el Vaticano tiene su propio sistema judicial. El juicio se está celebrando en una sala improvisada en los Museos Vaticanos porque la sala habitual es demasiado pequeña para todos los acusados y abogados.

Las preguntas de Giuseppe Pignatone, el presidente de un tribunal de tres jueces, se centraron en las acusaciones de que Becciu ayudó a dirigir el dinero del Vaticano a organizaciones benéficas dirigidas por su familia en su isla natal de Cerdeña.

Becciu fue preguntado por un préstamo de 130.000 euros que una organización benéfica -dirigida por su hermano y que había recibido dinero del Vaticano- había hecho a un amigo de la familia Becciu en Cerdeña.

El cardenal dijo que no conocía el préstamo en ese momento y que sólo se enteró de él más tarde por los medios de comunicación.

Pignatone también preguntó a Becciu si seguiría afirmando que el "secreto pontificio", similar al secreto de Estado, podría hacerle imposible responder a las preguntas sobre la coacusada Cecilia Marogna.

Becciu dijo que seguiría reclamando ese derecho a menos que las autoridades del Vaticano decidieran levantarlo.

Marogna, de 42 años, trabajó para Becciu en 2018-2019 y está acusada de malversación de fondos. Recibió 575.000 euros (640.000 dólares) de la Secretaría de Estado, según la acusación de 500 páginas emitida el pasado julio.

La Secretaría de Estado es el departamento más importante del Vaticano. Dirige su diplomacia, la administración la Iglesia católica mundial y la burocracia vaticana.

La que se autodenomina agente secreto, ha dicho que utilizó el dinero del Vaticano para rescatar a misioneros secuestrados en África. Maragona, que también es de Cerdeña, ha negado las acusaciones de que utilizó parte del dinero para comprar artículos de lujo.

Pignatone dictaminó que el tribunal pediría a la Secretaría de Estado que decidiera si se podía levantar el secreto pontificio.

El juicio fue aplazado hasta el 30 de marzo.