El presidente Cyril Ramaphosa autorizó la investigación sobre los gastos de su gobierno en 2020 tras una serie de escándalos que provocaron la indignación de la opinión pública.
La ira por la corrupción fue una de las razones por las que el Congreso Nacional Africano, en el poder, registró el año pasado el peor resultado electoral de su historia, con una cuota de votos que cayó por debajo del 50% en las elecciones municipales.
La Unidad Especial de Investigación (SIU), que dirigió la investigación, había dicho anteriormente que había descubierto casos en los que el equipo de protección personal tenía un precio excesivo, se incumplían las normas de contratación y no se prestaban los servicios a pesar de haberse pagado.
En una declaración que acompañaba al informe final de la UEI el martes, la oficina de Ramaphosa dijo: "Es inaceptable que tantos contratos relacionados con la salvación de vidas y la protección de los medios de subsistencia fueran irregulares, ilegales o fraudulentos".
Los 2.100 millones de rands de contratos bajo sospecha han sido inscritos en el Tribunal Especial, cuyo mandato es recuperar los fondos públicos perdidos por la corrupción, el fraude y los flujos de dinero ilícitos, según el informe de más de 700 páginas.
La UEI remitió a 224 funcionarios de departamentos o entidades gubernamentales para que se les aplicaran medidas disciplinarias tras descubrir que 2.803 contratos eran irregulares. Identificó a algunos de los que se enfrentaban a acusaciones y estimó que el valor del dinero en efectivo y de los activos que debían recuperarse era de unos 552 millones de rands.
Sudáfrica ha registrado más casos y muertes por COVID-19 que cualquier otro país del continente africano, después de haberse visto afectado por cuatro oleadas de infección.
(1 dólar = 15,3149 rands)
