En una demanda presentada ante un tribunal estatal de Manhattan, la fiscal general, Letitia James, solicitó que se impidiera a cuatro residencias de ancianos de Centers en Nueva York admitir a nuevos residentes hasta que contaran con personal suficiente, y que se contratara a supervisores financieros y sanitarios para vigilar su cumplimiento.

James también pide al tribunal que obligue a Centers, a sus propietarios Kenneth Rozenberg y Daryl Hagler y a otras personas presuntamente implicadas en el fraude a devolver el dinero robado.

Un portavoz de Centers, que gestiona instalaciones en Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Kansas, no tuvo comentarios inmediatos.

James afirmó que Rozenberg, Hagler y otros utilizaron una compleja red de empresas y contratos ficticios para embolsarse 83 millones de dólares de Medicare, Medicaid y otros fondos destinados a la atención de los pacientes durante la última década.

Mientras tanto, los residentes de cuatro centros neoyorquinos sufrieron horribles negligencias y malos tratos, según la demanda. Entre los numerosos ejemplos citados en la demanda se encuentran un hombre que murió de septicemia por una úlcera de decúbito no tratada; una mujer que sufrió daños cerebrales tras caerse de la cama y no recibir tratamiento; y un hombre con demencia que abandonó el centro sin supervisión.

De forma rutinaria, se dejaba a los residentes con los pañales sucios durante horas y se ignoraban las llamadas de auxilio, según la demanda.

Durante la pandemia de COVID-19, los centros no proporcionaron mascarillas al personal ni siguieron las medidas de control de infecciones, alegó James. Más de 400 residentes murieron en 2020 en las cuatro residencias de ancianos de Nueva York, en parte como consecuencia de estos fallos, según la demanda.

Los acusados utilizaron diversos ardides para extraer dinero de las residencias de ancianos de los centros, alegó James.

Por ejemplo, Hagler, que era el propietario de los inmuebles, cobraba a las empresas operadoras, propiedad de Rozenberg, alquileres desorbitados. Una empresa de dotación de personal propiedad de la hija de Rozenberg recibió millones de dólares de las entidades afiliadas a Centers, aunque no tenía ningún contrato, añadió la demanda.

Los acusados también transfirieron fondos entre las entidades que controlaban con préstamos sin intereses, muchos de los cuales nunca fueron devueltos, según la demanda.