La auditoría de los derechos civiles lleva meses gestándose y está destinada a examinar cómo las políticas de diversidad e inclusión de la empresa y su enfoque de la moderación de contenidos pueden afectar a las comunidades marginadas, incluso en su filial YouTube, según el periódico. La empresa ha contratado a WilmerHale, un destacado bufete de abogados, para llevar a cabo la evaluación, añade el informe.