Berkeley dijo el martes que estaba dispuesta a colaborar con las autoridades españolas y que mantenía la esperanza de que la disputa pudiera resolverse amistosamente mediante negociaciones, en lugar de a través de un arbitraje internacional al que tendría que recurrir en caso contrario.

Berkeley había apelado contra un rechazo inicial del ministerio, y alegó que el gobierno no había seguido "el procedimiento legalmente establecido". Pero su apelación fue rechazada, dijo Berkeley.

Berkeley dijo que también cree que el rechazo no es legal, ya que infringió sus derechos en virtud de un acuerdo internacional conocido como el Tratado sobre la Carta de la Energía, diseñado para promover la seguridad energética mediante el funcionamiento de mercados energéticos más abiertos y competitivos.

El proyecto de uranio de Retortillo, en la región de Salamanca, el principal activo de Berkeley, recibió una aprobación preliminar en 2013, pero se ha topado con varios obstáculos desde entonces, entre ellos la oposición de las comunidades cercanas y las preocupaciones en materia de seguridad de las autoridades reguladoras.

La empresa había dicho que la mina funcionaría durante 14 años, generando una inversión de más de 250 millones de euros (297 millones de dólares) y más de 2.500 puestos de trabajo en la región.