Sus declaraciones en el Parlamento a última hora del jueves contradijeron las afirmaciones de dos colegas ministros un día antes de que el gobierno había obtenido un dictamen jurídico que respaldaba la decisión. Esto aumenta las posibilidades de que el Estado pierda un posible pleito de los ejecutivos despedidos valorado en millones de euros.

La creciente controversia en torno a TAP, que ya ha provocado dimisiones en el gobierno, podría dificultar los preparativos de Lisboa para privatizar la aerolínea, con rivales extranjeros de mayor envergadura como Lufthansa y la propietaria de British Airways, IAG, preparando el terreno para posibles ofertas.

La consejera delegada, Christine Ourmières-Widener, y el presidente, Manuel Beja, fueron despedidos con causa justificada el 6 de marzo, después de que una inspección descubriera que una indemnización de 500.000 euros (547.750 dólares) a la ex miembro del consejo Alexandra Reis era ilegal.

Después de que Ourmières-Widener calificara su despido de "ilegal", el principal partido socialdemócrata de la oposición advirtió de que, a menos que la decisión contara con el debido respaldo jurídico, el Estado podría perder un eventual litigio judicial.

La ministra de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, y la ministra del Gabinete, Mariana Veira da Silva, afirmaron el miércoles que el Gobierno había obtenido un dictamen jurídico que respaldaba la decisión, pero se negaron a enviarlo al Parlamento para "salvaguardar el interés público".

Pero a última hora del jueves Medina dijo que los motivos de los despidos eran "muy claros" debido al carácter ilegal de la indemnización por despido, según estableció la inspección oficial de finanzas, y no llevaban adjunto ningún dictamen jurídico.

El líder del partido de extrema derecha Chega, Andre Ventura, dijo que "el gobierno reconocía que había mentido" e instó al primer ministro Antonio Costa a considerar si Medina era apto para el cargo.

En un tuit, el líder del partido Iniciativa Liberal, Rui Rocha, calificó la situación de "festival de incoherencia y falta total de respeto al Parlamento".

(1 dólar = 0,9128 euros)