La destrucción de los yacimientos del desfiladero de Juukan, que mostraban pruebas de asentamientos humanos que se remontaban a la última Edad de Hielo, hace 46.000 años, causó una profunda angustia a sus propietarios tradicionales, los pueblos Puutu Kunti, Kurrama y Pinikura (PKKP).

También provocó un revuelo mundial, costó el puesto a tres altos dirigentes y a dos miembros del consejo de administración, una investigación parlamentaria y una revisión de los acuerdos de la industria minera con los indígenas australianos.

Los términos financieros no fueron revelados por ninguna de las partes a petición del PKKP, dijeron las partes.

"Nada puede compensar o reemplazar la pérdida sufrida en Juukan Gorge, por lo que se trata de un legado orientado a los resultados para garantizar que algo positivo saldrá de ello en los años venideros", declaró el presidente de PKKP Aboriginal Corp, Burchell Hayes.

La Fundación del Legado de Juukan Gorge se centrará en las oportunidades de educación y formación, la independencia financiera mediante el desarrollo empresarial, la preservación y una mayor voz sobre el patrimonio, la cultura y la tierra, dijo el PKKP en un comunicado.

Los dos grupos están en conversaciones avanzadas sobre un acuerdo de cogestión de la minería, añadió el PKKP.

"No hemos estado a la altura de nuestros valores como empresa y hemos quebrantado la confianza depositada en nosotros por el pueblo del PKKP al permitir la destrucción de los abrigos rocosos del desfiladero de Juukan", declaró el director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm.

"Mientras nos esforzamos por reconstruir nuestra relación, me gustaría dar las gracias al pueblo del PKKP, a sus ancianos y a la Corporación por su orientación y liderazgo en la formación de este importante acuerdo", declaró en otro comunicado.

Además de la fundación del legado, las discusiones sobre el remedio se han centrado en la rehabilitación en curso de los refugios rocosos y sus alrededores en el desfiladero de Juukan, dijo Rio.

Australia dijo la semana pasada que reforzaría las leyes para proteger mejor el patrimonio cultural aborigen tras la investigación, aunque no ofreció un plazo para su finalización.