Grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos han presentado una denuncia ante un organismo de mediación del gobierno británico contra Standard Chartered por su financiación de cuatro centrales eléctricas de carbón en Filipinas, según informaron los grupos a Reuters el jueves.

El Movimiento Filipino por la Justicia Climática, Inclusive Development International (IDI), Recourse y BankTrack acusan a Standard Chartered de vulnerar los derechos de las comunidades locales al financiar las operaciones y le piden que ayude a compensar a los afectados y refuerce sus políticas al respecto.

Las comunidades locales han sufrido desalojos forzosos, la pérdida de sus medios de subsistencia, enfermedades respiratorias y cutáneas relacionadas con la contaminación del aire y del agua, así como intimidación y violencia, que podrían haberse evitado con una diligencia debida eficaz por parte del banco, afirman los grupos.

La queja se presentó ante el Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable (PNC) de Gran Bretaña, una unidad gubernamental que investiga las infracciones de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, un marco para que las empresas operen de forma responsable.

Standard Chartered declinó hacer comentarios cuando Reuters se puso en contacto con ella. El PNC no devolvió inmediatamente las solicitudes de comentarios.

Si bien el PNC no puede obligar a Standard Chartered a actuar o a pagar una indemnización, la agencia británica de crédito a la exportación ha dicho que tendrá en cuenta las conclusiones del PNC a la hora de decidir si respalda a empresas y bancos en la financiación de proyectos.

Hasta la fecha, un total de 51 países han establecido un PNC. En Australia, el banco ANZ aceptó indemnizar a las comunidades camboyanas desplazadas por una empresa azucarera que ayudó a financiar, tras pasar por un proceso similar.

"Standard Chartered sabía o debería haber sabido que estas centrales de carbón destrozarían el medio ambiente y causarían graves daños a las comunidades locales, pero las financió de todos modos y luego ignoró nuestras reiteradas peticiones de que contribuyera a los esfuerzos de reparación", declaró el director ejecutivo de la IDI, David Pred, en un comunicado. (Reportaje de Simon Jessop en Londres Edición de Alexandra Hudson)