Si la primera característica de una empresa de calidad es la capacidad de fijación de precios "pricing power", entonces Vodafone y los demás operadores europeos se merecen con creces que los inversores no se interesen por ellos.
En el Reino Unido, como en el resto de Europa, el coste de instalación y mantenimiento de las redes se ha disparado junto con el volumen de datos que pasan por ellas. Sin embargo, en términos absolutos, es decir, ajustados a la inflación, el coste de los paquetes ha caído un 20% en la última década.
El despliegue de la 5G en el continente ya ha absorbido 60.000 millones de euros, es decir, una séptima parte del importe total necesario para cubrir todo su territorio. Sin una notable aceleración de la consolidación, con las consiguientes economías de escala y subidas de precios, es difícil ver cómo los operadores pueden esperar rentabilizar tales inversiones.
Desgraciadamente, el regulador no lo ve así. Vodafone está en el punto de mira de la autoridad británica de defensa de la competencia (CMA) por su fusión con Three. La operación, que iba a crear el segundo operador nacional con una cuota de mercado del 30%, sólo por detrás de BT, está en el punto de mira.
A diferencia de Estados Unidos, en Europa el regulador antepone el poder adquisitivo de los consumidores a la viabilidad económica de los fabricantes. ¿Durante cuánto tiempo será sostenible esta política? Como sabemos, los precedentes en el sector energético han provocado desastres económicos en todas partes.
Vodafone no puede permitirse fracasar aquí. Reestructurada a una velocidad de vértigo por Margherita Della Valle, la operadora está volviendo a centrarse en sus principales mercados más rentables -el Reino Unido y Alemania- tras vender sus filiales en España e Italia por 13.000 millones de euros.
Esta ganancia inesperada servirá para financiar un plan de recompra de acciones por valor de 4.000 millones de euros, lo que sobre el papel tiene mucho sentido. Sin embargo, no impedirá que el dividendo se reduzca a la mitad este año.