Según el proyecto de ley, que aún debe ser debatido por el Congreso, la reforma fusionará varios gravámenes en un impuesto sobre el valor añadido con tipos federales y regionales separados.

La reforma es uno de los principales objetivos de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca impulsar la productividad y estimular el crecimiento económico.

La reestructuración de los impuestos sobre el consumo de Brasil, notoriamente compleja, ya ha sido intentada por varios gobiernos en múltiples ocasiones sin éxito.

Se espera que la propuesta, que desplazaría la base impositiva del lugar donde se producen los bienes al lugar donde se consumen, beneficie a las arcas de los estados más ricos y poblados de Brasil.

La propuesta establece un periodo de transición de 50 años para dicho cambio, que no comenzaría hasta 2029, como medida para hacer frente a la resistencia histórica de algunos gobernadores estatales.

El gobierno federal también financiaría un fondo dedicado al desarrollo de los estados, con un coste de 8.000 millones de reales en 2029 que ascendería a 40.000 millones anuales (8.380 millones de dólares) a partir de 2033.

Se crearía un segundo fondo para compensar los beneficios fiscales ya concedidos por los estados.

(1$ = 4,7729 reales)