El martes, el Geo Barents, un buque operado por Médicos Sin Fronteras (MSF), recibió la orden de dirigirse al puerto septentrional de La Spezia tras recoger a 69 migrantes al sur de Malta.
"Son 100 horas de navegación desde donde nos encontramos en este momento", declaró la organización no gubernamental, que más tarde llevó a cabo dos rescates más, elevando a 237 el número de migrantes a bordo.
Como la mayoría de los salvados en el Mediterráneo central, habían zarpado de Libia.
La Spezia es el destino más lejano y septentrional que Italia ha asignado a un barco de una ONG. Este mes, indicó a otros barcos que llegaran a Livorno, en la Toscana, y a los puertos del Adriático oriental de Ancona y Rávena.
Hasta hace poco, normalmente se habría hecho atracar a estos barcos en la isla de Lampedusa o en otras localidades sicilianas.
"Comparado con desembarcar en Sicilia, ir hasta La Spezia nos cuesta 70.000 euros (76.240 dólares) sólo en combustible", declaró a Reuters por teléfono Juan Matías Gil, jefe de misión del buque Geo Barents.
PRESUPUESTOS AJUSTADOS
La idea del gobierno es que Sicilia y otras regiones del sur no afronten solas la carga de acoger desembarcos de inmigrantes.
El Geo Barents fue enviado a La Spezia "sólo por una cuestión de rotación entre puertos", según declaró el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a la agencia de noticias ANSA.
Obligar a los barcos de las ONG a llegar a puertos cada vez más lejanos aumenta los costes en un momento en el que los presupuestos están al límite por la inflación y el encarecimiento del combustible tras la invasión rusa de Ucrania.
El mes pasado, la ONG SOS Mediterranee hizo un llamamiento a las donaciones, diciendo que los gastos de combustible de su barco de rescate Ocean Viking habían aumentado en más de 1 millón de euros durante 2022.
La nueva política de destinos de atraque se suma a un decreto de diciembre que obliga a los barcos de las ONG a solicitar y dirigirse a un puerto "sin demora" después de cada rescate, en lugar de seguir buscando embarcaciones en peligro.
Los capitanes que incumplan estas normas se arriesgan a multas de hasta 50.000 euros y al embargo de su barco durante dos meses. En caso de infracción reiterada, corren el riesgo de confiscación permanente.
MSF y otras 16 organizaciones benéficas han condenado estas normas, afirmando que provocarán que más personas se ahoguen en el mar. La Iglesia católica italiana ha pedido que se derogue el decreto.
Meloni se ha mantenido firme en su decisión. En diciembre dijo que quería poner freno a los barcos de las ONG que actúan como "transbordadores" de inmigrantes, yendo "de un lado a otro con los traficantes de personas para trasladarlas de un país a otro".
(1 dólar = 0,9181 euros)
