La exigencia se produjo en una resolución del Consejo de Seguridad que también pedía a los Houthis que liberaran el Galaxy Leader, un portavehículos operado por japoneses y vinculado a un empresario israelí que el grupo requisó el 19 de noviembre, y a su tripulación de 25 personas.

Once miembros votaron a favor de la resolución y cuatro, entre ellos Rusia y China, que ejercen el derecho de veto, se abstuvieron. Ninguno votó en contra.

La disposición clave de la resolución, patrocinada por Estados Unidos y Japón, señalaba el derecho de los estados miembros de la ONU, de acuerdo con el derecho internacional, "a defender sus buques de ataques, incluidos los que menoscaben los derechos y libertades de navegación".

La disposición supuso un respaldo implícito a la Operación Guardián de la Prosperidad, una fuerza naval multinacional liderada por Estados Unidos que ha estado defendiendo a los barcos comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén de los ataques de misiles y drones de los Houthi.

"La amenaza a los derechos y libertades de navegación en el Mar Rojo es un desafío global que requiere una respuesta global", declaró la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield al instar al consejo a aprobar la resolución.