El grupo, con sede en Estados Unidos, dijo que el año pasado había entrevistado a 26 egipcios que vivían en países como Turquía, Alemania, Malasia y Qatar, y que había revisado documentos relativos a nueve de ellos.

El centro de prensa estatal y el ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

"Al privar arbitrariamente a sus ciudadanos en el extranjero de obtener pasaportes válidos y otros documentos de identidad, las autoridades egipcias violan tanto la Constitución como el derecho internacional de los derechos humanos", declaró HRW.

En Turquía, donde reside un gran número de figuras de la oposición egipcia, el consulado de Egipto exige a los solicitantes de casi todos los servicios que rellenen formularios no oficiales con datos privados, incluidos los motivos por los que abandonaron Egipto y enlaces a cuentas de redes sociales, señaló HRW.

Las personas entrevistadas dijeron que era "casi imposible" impugnar las negativas a proporcionar documentos, añadió.

Las autoridades egipcias han llevado a cabo una represión de gran alcance contra la disidencia política bajo el mandato del presidente Abdel Fattah al-Sisi, que llegó al poder tras liderar el derrocamiento de Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, en 2013.

Los grupos de derechos humanos afirman que decenas de miles de personas, incluidos islamistas y liberales, han sido detenidas y que el Estado también ha tomado como objetivo a disidentes que se trasladaron al extranjero y, en algunos casos, a sus familiares que aún permanecen en Egipto.

Sisi y sus partidarios afirman que la represión era necesaria para estabilizar Egipto, niegan que los cargos contra los disidentes tengan motivaciones políticas y afirman que el poder judicial actúa con independencia.

A principios de este mes, un tribunal de seguridad del Estado dictó largas penas de prisión contra más de 20 personas, incluidos defensores de los derechos, por cargos relacionados con el terrorismo, en un juicio masivo denunciado por los activistas como injusto.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, declaró la semana pasada que las sentencias se habían dictado "en procedimientos por cargos cuestionables relacionados con el terrorismo que también suscitan inquietudes sobre la imparcialidad del juicio".