SÍDNEY, 11 ene (Reuters) -El primer ministro de Papúa Nueva Guinea declaró el jueves el estado de emergencia y suspendió a responsables del Gobierno y de la policía tras la muerte de 16 personas en disturbios en este país insular del Pacífico.

El miércoles, una protesta de la policía y el sector público por un recorte salarial que los responsables achacaron a un fallo administrativo desembocó en la anarquía.

Las imágenes de televisión mostraron a miles de personas en las calles de la capital, Puerto Moresby, muchas de ellas portando lo que parecía ser mercancía saqueada, mientras un humo negro se cernía sobre la ciudad.

Nueve personas murieron en los disturbios de Puerto Moresby y siete en los de Lae, en el norte del país minero del oro y el cobre, informó el jueves la cadena estatal australiana ABC, citando a la policía.

El primer ministro, James Marape, dijo en rueda de prensa que había suspendido al jefe de la policía de Papúa Nueva Guinea y a altos cargos de los departamentos de Finanzas y Hacienda mientras el Gobierno lleva a cabo una investigación sobre la causa de los disturbios.

"Había pruebas de que se produjeron disturbios organizados", dijo a los periodistas, añadiendo que la revisión garantizaría "que aseguramos la democracia, que aseguramos el Estado de derecho".

Unos 1.000 militares estaban preparados para evitar nuevos disturbios, dijo.

La violencia en la capital amainó el jueves y el Gobierno envió refuerzos policiales para mantener el orden.

La embajada de Estados Unidos en Port Moresby dijo que la policía había vuelto al trabajo, pero que las tensiones seguían siendo elevadas.

"La relativa calma puede cambiar de un momento a otro", afirmó en un comunicado, añadiendo que había recibido informes de violencia en otras zonas del país.

Varios ciudadanos chinos resultaron heridos leves y algunas tiendas de propiedad china fueron objeto de actos vandálicos y saqueos, según la embajada china.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que el alto comisionado de su país estaba supervisando la situación y que Canberra no había recibido ninguna petición de ayuda de Papúa Nueva Guinea, país al que apoya regularmente en materia de policía y seguridad.

"Seguimos instando a la calma en estos momentos difíciles. No hemos recibido ninguna petición del Gobierno de Papúa Nueva Guinea en este momento, pero (...) tenemos una gran relación con nuestros amigos en Papúa Nueva Guinea", dijo.

La policía de Papúa Nueva Guinea ha tenido que hacer frente a un aumento de los delitos violentos en el último año. Marape ha afirmado que reforzar la seguridad ayudaría a atraer inversión extranjera a los recursos de oro y cobre de Papúa Nueva Guinea.

La policía se declaró en huelga el miércoles por la mañana tras descubrir una reducción en sus pagas.

El Gobierno difundió mensajes en redes sociales negando que se hubiera establecido un nuevo impuesto a la policía y Marape se comprometió a subsanar cualquier error administrativo que hubiera causado el recorte salarial.

Un dirigente dijo el miércoles a la radio local FM100 que, sin la policía, la ciudad había "perdido el control".

(Reporte de Lewis Jackson, Kirsty Needham y Alasdair Pal; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)