Unitel demandó en 2020 a la empresa holandesa Unitel International Holdings (UIH), propiedad de dos Santos, por unos préstamos que le fueron concedidos en 2012 y 2013, cuando dos Santos era director de Unitel, para financiar la adquisición por parte de UIH de acciones en empresas de telecomunicaciones.

Los préstamos no fueron reembolsados y quedan pendientes unos 395 millones de dólares más intereses, dijeron el martes los abogados de Unitel.

Las dos empresas no están relacionadas a pesar de tener el mismo nombre y dos Santos, propietario de UIH, dimitió como director de Unitel en 2020.

Unitel había solicitado añadir personalmente a dos Santos -la primera mujer multimillonaria de África, cuyo padre José Eduardo dos Santos gobernó Angola durante 38 años hasta 2017- a su causa contra UIH.

El juez Mark Pelling dictaminó el jueves que dos Santos debía añadirse a la demanda existente.

Dijo que Unitel tiene una "perspectiva realista de éxito" en relación con sus alegaciones de que dos Santos incumplió sus deberes como directora de Unitel.

Dos Santos "niega vehementemente que haya incumplido ninguno de sus deberes como directora", dijo su abogado Richard Hill en los documentos presentados ante el tribunal el martes.

Sus abogados también argumentan que Unitel es responsable de la incapacidad de pago de UIH, debido a su supuesto papel en la "incautación ilegal por parte del Estado angoleño de los activos de UIH". Unitel niega cualquier implicación en la confiscación de activos.

Dos Santos ha tenido que hacer frente a acusaciones de corrupción durante años, incluidas las acusaciones de Angola de que ella y su marido dirigieron 1.000 millones de dólares de fondos estatales a empresas en las que tenían participaciones durante la presidencia de su padre, incluido el gigante petrolero Sonangol.

Alrededor de 1.000 millones de dólares de sus activos en Angola fueron incautados el año pasado, mientras que otros activos vinculados a ella han sido embargados en Portugal.

Dos Santos, que dice vivir en Dubai, ha negado repetidamente cualquier delito y sus abogados han descrito las acusaciones contra ella como parte de una "conspiración política".