El documento judicial citado por Lusa, fechado el 19 de diciembre, dice que las autoridades tienen pruebas de presunta malversación y blanqueo de dinero y ordenan la incautación del dinero que dos Santos posee en "todas las instituciones bancarias".
La incautación también incluye todas las acciones de dos Santos en la empresa angoleña Embalvidro, así como el 100% de las acciones en la empresa de telecomunicaciones de Cabo Verde Unitel T+ y Unitel STP en Santo Tomé y Príncipe, según Lusa.
Un total del 70% de sus acciones en las empresas de telecomunicaciones MStar y Upstar Comunicacoes de Mozambique deberían ser embargadas también, según Lusa.
Dos Santos se enfrenta desde hace años a acusaciones de corrupción. En 2019, el Tribunal Supremo de Angola ordenó la incautación de sus bienes por supuestamente dirigir fondos estatales a empresas en las que ella tenía participaciones durante la presidencia de su padre, incluido el gigante petrolero Sonangol.
El padre de Dos Santos, José Eduardo dos Santos, murió en julio. Gobernó Angola durante casi cuatro décadas, hasta 2017.
Un portavoz de dos Santos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad y declaró a CNN Portugal en noviembre que los tribunales de Angola "no eran independientes" y que los jueces de ese país eran "utilizados para cumplir una agenda política".
La orden llega después de que la agencia policial mundial Interpol emitiera el mes pasado una difusión roja sobre dos Santos, solicitando a las autoridades policiales mundiales que la localizaran y detuvieran provisionalmente.
