MADRID, 25 nov (Reuters) - El Gobierno progresista de España está a punto de modificar en profundidad la controvertida reforma laboral favorable al sector empresarial implantada por el anterior Ejecutivo conservador tras la crisis de deuda soberana que sacudió el país hace una década, la cual, según sostienen sus numerosos críticos, erosionó los derechos de los trabajadores y frenó el crecimiento salarial.

Las nuevas normas, que están tomando forma tras meses de negociaciones con sindicatos y empresarios, otorgarán más poder de negociación salarial a los trabajadores y reformarán los contratos temporales, muy utilizados en la economía del país, dominada por el sector servicios y la construcción.

Las medidas forman parte de un paquete de reformas que España debe presentar a la Comisión Europea antes de finales de 2021, a fin de liberar los fondos de la Unión Europea asignados al país para su recuperación de la pandemia de COVID-19.

Una fuente política europea dijo que Bruselas está vigilando las disposiciones laborales de España para asegurarse de que no hagan demasiado rígido el mercado laboral español, cuya tasa de desempleo del 14,6% en septiembre fue la más alta de la UE.

La reforma de 2012 acometida por el Gobierno de derechas de Mariano Rajoy fue impuesta por los acreedores de España en la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a raíz de la Gran Recesión causada por la crisis de deuda en Europa y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España.

La reforma favoreció a los empresarios en el proceso de negociación colectiva, permitiendo a las empresas pagar por debajo de los salarios estándar de la industria, algo de lo que se ha aprovechado el sector turístico.

También permitió pactar acuerdos internos sobre salarios y condiciones que las plantas de montaje de automóviles de España, un sector de gran peso en el mercado laboral del país, no tardaron en adoptar.

La reforma era una de las condiciones exigidas por el socio de la actual coalición gobernante en el país, la formación de izquierdas Unidos Podemos, al presidente socialista Pedro Sánchez, para la formación de un Ejecutivo el año pasado.

Pero la negociación ha generado algunos de los intercambios más tensos hasta ahora entre los dos partidos del Gobierno, que controlan respectivamente las carteras ministeriales de Asuntos Económicos, en manos de la vicepresidenta socialista Nadia Calviño, y Trabajo, en las de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

"La (nueva) reforma quiere evitar la prioridad del convenio de empresa en materia salarial", dijo a Reuters Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.

En la actualidad, las empresas pueden fijar salarios más bajos que los acordados por la negociación colectiva a nivel sectorial donde los sindicatos son fuertes, el método tradicionalmente utilizado en España. También pueden modificar los horarios de trabajo si hay una justificación económica.

"Queremos recuperar el equilibrio en las relaciones laborales que se perdió en la anterior reforma laboral", dijo a Reuters Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), el mayor sindicato de España.

Pero Sordo dijo que la nueva reforma respetará otros aspectos de la negociación colectiva centrada en la empresa y que se mantendrá la posibilidad de optar por no participar en caso de que una empresa esté en crisis.

MAL USO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

Rosa Santos, directora de Empleo y principal negociadora de la patronal española CEOE, dijo a Reuters que un acuerdo sobre la reforma laboral está todavía muy lejos, ya que algunas cuestiones clave que se están discutiendo podrían afectar a la flexibilidad interna de las empresas.

Sin embargo, Santos dijo que los empresarios aceptan que es necesaria una nueva fórmula de fijación de salarios para erradicar la "competencia desleal", añadiendo que "la negociación colectiva no puede tener como objetivo precarizar los salarios".

Otras medidas que están sobre la mesa pretenden reforzar la seguridad laboral y acabar con una precariedad que, según los críticos, hace que millones de personas en España pierdan su empleo cada vez que hay una recesión económica.

España es el país con mayor proporción de trabajadores temporales de Europa, duplicando la media de la UE con una proporción del 20%. Estos trabajadores tienen derecho a una menor indemnización por despido y son siempre los primeros en ser despedidos en caso de recortes de plantilla.

El Gobierno español quiere suprimir los contratos temporales, de los que a menudo se abusa en los sectores de la construcción y los servicios, y crear una nueva versión que sólo pueda utilizarse de forma puntual en circunstancias muy concretas.

Según la última propuesta del Gobierno, esos nuevos contratos tendrían una duración de hasta tres meses y cubrirían periodos de alta actividad como las vacaciones de fin de año, dada la alta estacionalidad de buena parte de la economía española, con gran dependencia del turismo y de la agricultura.

"Hay que diferenciar entre temporalidad y estacionalidad", explicó Pérez Rey.

En el caso de los estacionales, el Gobierno quiere promover el uso de una forma existente de contrato indefinido que permita a los trabajadores cobrar las prestaciones por desempleo durante los meses inactivos sin tener que abandonar sus empresas, algo que ya se utiliza ampliamente en las Islas Baleares, donde el sector de la hostelería cierra durante unos cinco meses fuera de temporada.

Una segunda posible disposición crearía un mecanismo permanente similar a los regímenes de permisos de trabajo aplicados en todo el mundo durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19. El objetivo sería adelantarse a las transiciones ecológicas o digitales previstas en las empresas.

Los empresarios quieren que el plan sea flexible y sencillo, según dijo Santos de la CEOE. Junto con los sindicatos, la patronal ha rechazado la propuesta inicial del Gobierno.

"Queremos un modelo más flexible, al estilo alemán", dijo el líder sindical Sordo, en referencia al conocido como sistema 'Kurzarbeit', por el que los trabajadores son puestos en jornadas reducidas en los planes de protección del empleo.

Algunos analistas del mercado laboral dicen que los planes son insuficientes para curar la aversión de las empresas de España a la contratación permanente de trabajadores.

"La contratación temporal y la indefinida son vasos comunicantes, si endureces una debes flexibilizar la otra. En caso contrario, las empresas pierden flexibilidad para competir en un mundo cada vez mas globalizado", dijo Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de economía de la Universidad Complutense de Madrid.

Una fuente conocedora del asunto dijo que la Comisión Europea estaría más dispuesta a aceptar un acuerdo -y a liberar los fondos de recuperación para 2022- si cuenta con la aprobación de los empresarios, aunque sacrifique más flexibilidad del mercado de la que le gustaría.

(Reportaje de Belén Carreño, edición de Mark John, Aislinn Laing y Toby Chopra; traducción de Darío Fernández)