Su primera ministra, Elisabeth Borne, presentó el martes la reforma como una necesidad financiera para mantener a flote el sistema de pensiones, más que como una opción política. Según las propuestas, la mayoría de los franceses tendrán que trabajar hasta los 64 años.

Eso queda lejos de la edad de jubilación de 65 años que Macron había prometido en su campaña de reelección el año pasado y no consigue equiparar a Francia con la mayoría de los demás países europeos.

No obstante, los sindicatos no perdieron tiempo en atacar la subida como un asalto brutal al sistema de bienestar de Francia y prometieron una primera ronda de huelgas en todo el país el 19 de enero, a la que probablemente seguirán más.

Borne dijo que el gobierno también aceleraría los planes para ampliar el periodo de cotización a la pensión hasta los 43 años, pero ofreció concesiones que incluían una pensión mínima de 1.200 euros al mes para ganarse el apoyo de los legisladores conservadores.

Es más probable que la reforma afecte a las personas que empezaron a trabajar pronto, golpeando con especial dureza a la clase media, justo cuando muchos están luchando contra la alta inflación y la crisis del coste de la vida, dijo el economista Mathieu Plane, del instituto de investigación OFCE.

"La clase media trabajadora tiene la impresión de que siempre son los mismos los que acaban pagando", dijo Plane.

Los sindicatos están en pie de guerra y prometen una dura lucha en las calles para hacer descarrilar la reforma. El peligro para Macron reside en si pueden capitalizar una creciente oleada de descontento social.

Laurent Berger, líder del sindicato moderado CFDT, describió los planes como "uno de los paquetes de reformas más brutales de los últimos 30 años".

El gobierno dice que no dará marcha atrás. Lo que está en juego para Macron, un outsider político cuando entró por primera vez en el Elíseo en 2017 prometiendo sacudir el esclerótico sistema político del país, no son sólo las ganancias financieras sino también sus credenciales reformistas.

"Para el ejecutivo, la cuestión es también simbólica: debe demostrar la capacidad de reforma de Francia frente a la Unión Europea", declaró a France Info Remi Bourguignon, experto en diálogo social.

PRESIÓN PRESUPUESTARIA

La reforma aporta cierta credibilidad necesaria a las promesas de Macron de situar el déficit presupuestario dentro de los límites de la UE al final de su presidencia, en 2027.

Retrasar dos años la edad de jubilación y ampliar el periodo de cotización supondría un ahorro adicional de 17.700 millones de euros (19.000 millones de dólares) en las cotizaciones anuales a las pensiones, lo que permitiría al sistema alcanzar el punto de equilibrio en 2027, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo.

"Eso, a su vez, reduciría la presión sobre el ratio de deuda pública de Francia, que era del 113% del PIB a mediados de 2022 y que creemos que probablemente se mantendrá en torno a ese nivel durante la próxima década", afirmó Andrew Kenningham, de la consultora Capital Economics.

El gobierno estima que la reforma significa que en 2030 la población activa contará con 300.000 trabajadores más de los que habría tenido de otro modo, lo que generará un punto porcentual adicional de producto interior bruto.

"Cuando hay más mayores trabajando, aumentamos nuestra riqueza colectiva, hay más impuestos y... estos recursos pueden utilizarse para reducir nuestro déficit presupuestario y financiar prioridades políticas como la sanidad, la educación y la transición medioambiental", dijo Borne.

El gobierno de Macron ha prometido a sus socios de la UE y a los inversores que recortará su déficit presupuestario del 5,0% de la producción económica el año pasado hasta situarlo por debajo de un techo comunitario del 3% en 2027.

Sin embargo, esos planes, que según el Fondo Monetario Internacional son demasiado lentos, dependen de que el gobierno lleve a cabo reformas como una revisión de las pensiones que impulse el mercado laboral y mantenga controlado el gasto público.

La agencia de calificación crediticia Standard and Poor's puso a Francia sobre aviso el mes pasado para una rebaja de la calificación, que según ella podría desencadenarse por la falta de reformas que reduzcan la carga del gasto.

Mientras tanto, el aumento de los tipos de interés significa que el coste del servicio de la deuda nacional - que probablemente superará pronto los 3 billones de euros - se ha convertido este año en la segunda mayor partida presupuestaria del Estado, después de la educación.

Plane, de la OFCE, afirma que la reforma sólo cosechará los ahorros prometidos si el mercado laboral es capaz de absorber a los trabajadores suplementarios, lo que está lejos de estar garantizado en un país con una tasa de desempleo superior al 7%.

"El riesgo es que más gente acabe en el paro y si eso ocurre no obtendremos el ahorro", dijo Plane.

(1 dólar = 0,9304 euros)