El Departamento de Justicia de EE.UU. había añadido en diciembre los tres cargos contra Joseph Sullivan a una acusación anterior, afirmando que organizó el pago de dinero a dos piratas informáticos a cambio de su silencio, mientras trataba de ocultar el hackeo a los pasajeros, a los conductores y a la Comisión Federal de Comercio de EE.UU.
El juez de distrito estadounidense William Orrick, en San Francisco, rechazó la afirmación de Sullivan de que los fiscales no alegaron adecuadamente que ocultó el hackeo para asegurarse de que los conductores de Uber no huyeran y siguieran pagando las tarifas del servicio.
Orrick también rechazó la afirmación de Sullivan de que las personas supuestamente engañadas eran el entonces jefe ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, y su asesor general, no los conductores.
"Esas supuestas tergiversaciones, aunque no se hicieron directamente a los conductores de Uber, formaban parte de un plan más amplio para defraudarlos", según la acusación, escribió Orrick.
Los abogados de Sullivan no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Sullivan también se enfrenta a dos cargos de obstrucción.
El acusado fue inculpado originalmente en septiembre de 2020, y se cree que es el primer funcionario de seguridad de la información corporativa acusado penalmente de ocultar un hackeo.
Los fiscales dijeron que Sullivan se las arregló para pagar a los piratas informáticos 100.000 dólares en bitcoin, y hacerles firmar acuerdos de no divulgación que afirmaban falsamente que no habían robado datos.
Uber tenía un programa de recompensas diseñado para recompensar a los investigadores de seguridad que informan de fallos, no para encubrir los robos de datos.
Dara Khosrowshahi, actual director ejecutivo de Uber, despidió a Sullivan tras conocer el alcance de la filtración.
En septiembre de 2018, la empresa con sede en San Francisco pagó 148 millones de dólares para resolver las reclamaciones de los 50 estados de Estados Unidos y de Washington D.C. por haber tardado demasiado en revelar el hackeo.
