Las fuerzas de seguridad patrullaron los cruces de carreteras y aplicaron una prohibición temporal a las motocicletas, ya que las autoridades temían otra ronda de protestas que han estallado esporádicamente desde que Sonko fue detenido por primera vez por el caso en 2021.
Sonko, de 48 años, está acusado de agredir sexualmente y amenazar de muerte a una mujer que trabajaba en un salón de masajes.
Una condena podría anular sus intenciones de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales del año que viene. Esa candidatura ya está amenazada por una reciente sentencia de prisión suspendida en un caso distinto de difamación que ha recurrido.
Sonko niega haber cometido delito alguno y afirma que los juicios tienen una motivación política. El gobierno ha rechazado la acusación.
El caso de violación se abrió el 16 de mayo, pero se aplazó inmediatamente una semana después de que los abogados defensores dijeran que necesitaban más tiempo.
Sonko no estuvo en el tribunal el martes. A principios de este mes dijo que dejaría de cooperar con las autoridades judiciales a menos que se garantizara su seguridad.
La mujer que acusa a Sonko y el antiguo propietario del salón de masajes, Khady Ndiaye, acusado de complicidad en la presunta violación, estaban presentes.
Los abogados de Sonko solicitaron otro aplazamiento, y los de Ndiaye pidieron más tiempo de preparación. Pero el fiscal desestimó sus demandas, lo que llevó a ambas partes a retirarse del caso.
"El objetivo aquí es una condena inmediata de Sonko para negarle sus derechos civiles", declaró el abogado defensor Cire Cledor Ly.
La ausencia de Sonko impide a los abogados hablar en su nombre y significa que no podrá apelar si es condenado.
Dakar estaba en calma y el tráfico en hora punta era más ligero de lo habitual, ya que muchos se quedaron en casa para evitar posibles disturbios.
Sonko y su partido han animado a sus partidarios a salir a la calle los días del juicio. Algunas multitudes se han alborotado en el pasado, atacando supermercados y gasolineras y enfrentándose a la policía antidisturbios, que utilizó gases lacrimógenos.
El antiguo inspector de Hacienda se ha convertido en el rostro de la creciente frustración contra el presidente Macky Sall, acusado de ser cada vez más represivo y de no mejorar los medios de subsistencia desde que asumió el poder en 2012. Su Gobierno lo niega.
La ira ha estallado ante los rumores de que Sall utilizaría una nueva constitución, adoptada en 2016, para saltarse los límites presidenciales y presentarse a un tercer mandato en las próximas elecciones de febrero. Él no lo ha confirmado ni desmentido.
