Greenpeace dijo que había notificado la demanda a Eni, así como al Ministerio de Economía italiano y al prestamista estatal italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP), que controlan conjuntamente la empresa con una participación de alrededor del 30%.
La demanda sería la primera en Italia.
"Los demandantes (...) hacen valer su derecho a reclamar daños y perjuicios por los efectos del cambio climático, del que las mayores empresas energéticas italianas tienen una gran responsabilidad", declaró Greenpeace en un escrito.
Afirmó que esperaba forzar un replanteamiento de la estrategia empresarial de Eni e incitar al Gobierno italiano y a CDP a desempeñar "un papel más firme para garantizar que ENI cumpla el Acuerdo de París (sobre el cambio climático) y respete los derechos humanos".
Un portavoz de Eni afirmó que la empresa "demostrará ante los tribunales la falta de fundamento de la demanda", así como la validez de su propia "estrategia de transformación y descarbonización".
