El gobierno británico ha llegado a un acuerdo de 148 millones de dólares con Ruanda para enviar a algunos migrantes que llegaron ilegalmente al país.

Doris Picard, directora técnica del Ministerio de Justicia de Ruanda, dijo que los migrantes tienen mucho que aportar a la sociedad.

"Pueden contribuir a una cultura, pueden contribuir a la creación de medios de vida, también hay un componente de desarrollo económico que elevará el nivel de vida de los ruandeses y de todos los que residen en Ruanda".

El Reino Unido afirma que el plan frenará el flujo de peligrosas travesías marítimas desde la Europa continental y desarticulará las redes de contrabando de personas.

Pero ha horrorizado a opositores políticos, organizaciones benéficas y líderes religiosos.

El jefe de refugiados de la ONU lo ha calificado de catastrófico, toda la cúpula de la Iglesia de Inglaterra lo ha denunciado como vergonzoso e inmoral, y los medios de comunicación dicen que el heredero al trono británico, el príncipe Carlos, lo ha calificado de "espantoso".

En los últimos días, los tribunales del Reino Unido han rechazado numerosas impugnaciones, y el historial de derechos humanos de Ruanda ha sido uno de los elementos sometidos a examen.

Pero en una conferencia de prensa en Kigali, el secretario permanente del Ministerio de Gestión de Emergencias, Philippe Habinshuti, dijo que los inmigrantes en Ruanda tienen sus derechos garantizados por la ley.

En un principio, estaba previsto que unas 37 personas viajaran en el primer vuelo, que según las organizaciones benéficas incluía a personas que huían de Afganistán y Siria, así como de Irán e Irak.

Sin embargo, ese número ha disminuido considerablemente, ya que al menos 30 han argumentado con éxito que no deberían ser deportados por motivos de salud o de derechos humanos.