Poco después de que María Rosa Sánchez denunciara a su vecina por alquilar la azotea de su edificio en Tenerife como camping en Airbnb, los agentes de policía llevaron a cabo una redada de madrugada y las autoridades locales abrieron una investigación.

El cierre del camping, que ofrecía tiendas de campaña por 12 euros (13,03 dólares) la noche, es un anticipo de una nueva línea dura contra los alquileres ilegales de corta duración en las Islas Canarias españolas, donde se han disparado los listados en plataformas como Airbnb y Booking.com.

Un proyecto de ley que se espera que se apruebe este año y que endurece las normas sobre los alquileres de corta duración es consecuencia de las quejas de los lugareños a los que se les ha expulsado del mercado inmobiliario y de los hoteles que se enfrentan a impuestos y normas de sostenibilidad que las empresas que invierten en alquileres de corta duración se saltan a la torera.

Las autoridades de todo el mundo están lidiando con problemas similares: Canadá, Australia e Italia son algunos de los muchos países que han endurecido las normas en torno a los alquileres de corta duración para proteger a las comunidades locales.

La responsable de turismo de Canarias, Jessica de León, declaró a Reuters que la clave del éxito de las nuevas normas es el apoyo a los 35 inspectores de las islas.

"Vamos a empoderar (a la policía) para que pueda actuar cuando se detecten conductas fraudulentas en las viviendas", dijo, y añadió que el plan podría implicar a 1.300 personas, lo que incluiría a todos los cuerpos policiales de las islas.

Las viviendas de nueva construcción quedarán excluidas del mercado de alquiler a corto plazo, y los propietarios con permiso tendrán cinco años para cumplir unos requisitos que incluyen la autorización de los vecinos, según un borrador del proyecto de ley.

"El primer paso es contener el crecimiento, el segundo es limpiar (los listados existentes)", dijo el director de Turismo de Canarias, Miguel Rodríguez.

MADRID PLANEA UNA NUEVA NORMATIVA SOBRE VIVIENDAS VACACIONALES

Otras partes de España ya han aprobado leyes similares, pero sin tanto énfasis en la aplicación de la ley. Los 70 inspectores de Barcelona a veces van acompañados de la policía, según el portavoz de la alcaldía, mientras que la Comunidad de Madrid cuenta con ocho inspectores de alquileres breves y los 65 trabajadores de licencias urbanísticas generales de la ciudad no tienen respaldo policial, según sus portavoces.

De 17.000 pisos de alquiler a corto plazo en Madrid, sólo 600 fueron inspeccionados entre enero y noviembre de 2023 y sólo uno fue sancionado, según un informe del gobierno visto por Reuters. Otros 835 anfitriones dejaron de alquilar antes de ser sancionados, dijo Madrid.

"Lo que se necesitan son inspecciones masivas", dijo el legislador madrileño Pablo Padilla, partidario de la fórmula canaria.

Un portavoz de la ciudad dijo que anunciaría una nueva normativa sobre casas de vacaciones este mes, sin dar detalles, y descartó utilizar a la policía como inspectores.

Las Islas Canarias decidieron endurecer sus normas después de que el número de alquileres breves se disparara en los últimos años.

El Cotillo, un antiguo pueblo pesquero de Fuerteventura, tiene tantas camas en casas de vacaciones como residentes.

"Dentro de unos años, puede que prácticamente no haya gente viviendo allí", afirma el investigador Raúl Hernández, de la universidad de La Laguna, coautor de un estudio que demuestra que más de una cuarta parte de los locales de alquiler corto pertenecen a empresas.

Las siete islas del archipiélago contaban en marzo con la cifra récord de 220.000 plazas de alquiler a corto plazo, un aumento del 40% respecto a 2022 y más que la población conjunta de Lanzarote, La Gomera y El Hierro, según datos oficiales.

VACÍOS

La asociación local de propietarios de viviendas vacacionales, Ascav, afirmó que el rigor de las normas propuestas eliminaría el 90% de los alojamientos de corta estancia y es inconstitucional.

Propuso crear un impuesto para todos los proveedores de alojamientos vacacionales con el fin de financiar soluciones para resolver el problema del alojamiento.

También afirmó que 200.000 viviendas estaban vacías en las islas y culpó a los topes de los alquileres para proteger a los inquilinos a largo plazo de la inflación.

Cuando se le pidieron comentarios, el Ministerio de Vivienda no se refirió a la cifra, pero dijo que tenía un plan de transformación y rehabilitación y que estaba trabajando con los gobiernos regionales para actuar sobre los alquileres turísticos "para encontrar una solución a este problema." Los turistas extranjeros alojados en casas de vacaciones gastaron 131 euros al día frente a los 247 euros que gastaron los alojados en hoteles en el primer trimestre de 2024, según Exceltur, el principal lobby turístico español.

Exceltur dijo que respalda regulaciones como las de las Islas Canarias para frenar el crecimiento de los pisos turísticos, después de que un estudio publicado el martes mostrara que aumentaron un 25% en las 25 ciudades más grandes de España en el año transcurrido hasta marzo.

Booking.com dijo que trabaja con las autoridades de las Islas Baleares y Sevilla para eliminar los listados no autorizados, lo que será obligatorio en Europa a finales de año.

"Airbnb ha trabajado con gobiernos de todo el mundo para equilibrar los beneficios de compartir casa y las preocupaciones sobre la vivienda", dijo Airbnb. "Seguiremos trabajando con las Islas Canarias para discutir un camino a seguir que funcione para todos".

Las autoridades de las islas procesaron a la propietaria extranjera del edificio de María Rosa Sánchez en virtud de las normas vigentes porque no los había registrado como dormitorios y se enfrenta a una multa de 30.000 euros, según informó la alcaldía local.

La propia propietaria declinó hacer comentarios. Sánchez dijo que el piso está ahora alquilado a un inquilino a largo plazo.

"La policía viene de vez en cuando para comprobar que la azotea no se ha vuelto a alquilar", dijo. (1 dólar = 0,9210 euros)