El Tribunal Supremo de EE UU bloqueó el jueves una normativa de la Agencia de Protección Medioambiental destinada a reducir las emisiones de ozono que pueden empeorar la contaminación atmosférica en los estados vecinos, dando una victoria a tres estados liderados por los republicanos y a las industrias del acero y de los combustibles fósiles que habían impugnado la norma.

La decisión, de 5 votos a favor y 4 en contra, accedió a las peticiones de Ohio, Indiana y Virginia Occidental, así como de U.S. Steel Corp, el operador de oleoductos Kinder Morgan y grupos industriales, de detener la aplicación del plan "Buen Vecino" de la EPA que restringe la contaminación por ozono de los estados situados a barlovento, mientras impugnan la legalidad de la norma en un tribunal inferior.

La EPA emitió la norma en marzo de 2023 con la intención de centrarse en los gases que forman ozono, un componente clave del smog, procedentes de centrales eléctricas y otras fuentes industriales de 23 estados situados a barlovento cuyos propios planes no satisfacían la disposición "Buen Vecino" de la ley anticontaminación Clean Air Act, que exige medidas para reducir la contaminación que se desplaza a los estados situados a sotavento.

La agencia dijo que la norma tendría como resultado un aire más limpio para millones de personas, salvando miles de vidas.

La impugnación se produjo tras una importante sentencia de 2022 impulsada por la mayoría conservadora del Tribunal Supremo que imponía límites a la autoridad de la EPA en virtud de la Ley de Aire Limpio para reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de carbón y gas, socavando los planes del presidente Joe Biden para hacer frente al cambio climático. El año pasado, el tribunal también puso trabas al poder de la EPA para proteger los humedales y luchar contra la contaminación del agua.

La impugnación de la norma "Buen Vecino" fue presentada por Ohio, Indiana y Virginia Occidental -todos ellos objetivo de la norma-, así como por operadores de oleoductos, U.S. Steel, generadores regionales de electricidad y asociaciones comerciales del sector energético. En su demanda ante el Tribunal de Apelaciones de EE UU para el Circuito del Distrito de Columbia, argumentaron que la EPA violó una ley federal destinada a garantizar que las acciones de las agencias sean razonables.

El Circuito del Distrito de Columbia se negó a bloquear la norma a la espera de su revisión, lo que llevó a los impugnadores a solicitar la intervención del Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora de 6-3.

Los opositores han dicho que la norma impondría costes irrazonables y desestabilizaría las redes eléctricas. El Departamento de Justicia, en defensa de la EPA, instó al Tribunal Supremo a considerar los graves perjuicios para la salud pública que se derivarían de bloquearla.

La norma ponía en marcha un programa federal que se aplicaba a 23 estados, pero distintas impugnaciones en tribunales inferiores ya han paralizado su aplicación en 12 de ellos, incluido Virginia Occidental.

Durante los argumentos en el caso el 21 de febrero, algunos de los jueces conservadores se centraron en la falta de explicación de la EPA sobre cómo puede funcionar el plan cuando ahora regula sólo 11 estados en lugar de 23 como se pretendía. Los jueces liberales expresaron su preocupación sobre si el caso justificaba una intervención de emergencia del Tribunal Supremo en este momento.

Algunas de las peticiones de la industria al Tribunal Supremo fueron específicas. Kinder Morgan pidió a los jueces que bloquearan el reglamento en lo que se refiere a los motores de los gasoductos de gas natural. U.S. Steel trató de impedir su aplicación a los hornos de recalentamiento y calderas de las acerías. El 16 de enero, la EPA publicó una propuesta de norma para aplicar el plan "Buen Vecino" en otros cinco estados: Arizona, Iowa, Kansas, Nuevo México y Tennessee.

El Tribunal Supremo está decidiendo múltiples casos durante su actual mandato relativos a impugnaciones de la autoridad de diversas agencias federales. El 16 de mayo, los jueces confirmaron el mecanismo de financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en una impugnación presentada por el sector de los préstamos de día de pago.

Se espera que en los próximos días el tribunal se pronuncie sobre otros casos relacionados con la Comisión de Valores y Bolsa y el Servicio Nacional de Pesca Marina.