La filial, Petrolia Ecuador, está obligada a devolver los bloques 16 y 67, en la provincia amazónica de Orellana, después de que el presidente Guillermo Lasso rechazara las negociaciones para prorrogar los contratos y cambiar sus condiciones.

New Stratus ha dicho que recurrirá al arbitraje internacional, argumentando que Ecuador ha incumplido las cláusulas contractuales al no aceptar una negociación directa.

"El Estado debía al contratista, en concepto de tarifas impagadas, 290 millones de dólares", dijo el Ministerio de Energía en un comunicado. "Al finalizar el contrato por caducidad, esa deuda se extingue".

Los contratos de prestación de servicios, como el que se ha aplicado a los bloques de Petrolia, obligan al gobierno a pagar a las compañías operadoras una determinada tarifa por barril producido, aunque el estado puede acumular deuda con ellas si los precios del petróleo están por debajo de una determinada cantidad.

Ecuador ha pagado a Petrolia unos 60 millones de dólares en concepto de honorarios en los dos últimos años, según declaró a Reuters Ramiro Páez, gerente de la empresa, quien reconoció que la deuda restante de 290 millones de dólares se saldaría cuando finalizasen los contratos.

La empresa aún no ha presentado su caso de arbitraje porque primero debe completar un proceso de mediación, añadió.

"El traspaso está en proceso", dijo Páez. "Estamos pagando a los trabajadores, la mayoría de los cuales serán contratados por Petroecuador ..... Estamos entregando equipos, materiales y activos".

La petrolera estatal Petroecuador asumirá el 1 de enero la operación de los bloques, que en conjunto producen unos 14.000 barriles diarios.

Los bloques serán asignados a un nuevo operador privado a través de un proceso de licitación internacional en el corto plazo, dijo el ministerio, añadiendo que proyectaba 150 millones de dólares en ingresos anuales de los bloques, basándose en una previsión de un precio del petróleo de 64,8 dólares por barril en 2023.