La presidenta del Comité, Maria Cantwell, dijo que la legislación obligará al uso de tecnología que pueda identificar fallos en los equipos, evitará inspecciones superficiales de los vagones y garantizará que los trenes que transportan material explosivo como el de Ohio cumplan con normas de seguridad más estrictas.

También aumentará las sanciones civiles máximas de 100.000 a 10 millones de dólares por infracciones de la seguridad ferroviaria y exigirá que dos miembros de la tripulación manejen un tren para evitar una situación en la que sólo haya un empleado en el tren en caso de emergencia.